Justicia: una red de centros de ayuda para sortear la burocracia

"¿Acá puedo consultar por la tarifa social?", pregunta una señora en una oficina del barrio de Once de la ciudad de Buenos Aires a primera hora de la mañana. Al mismo tiempo, en esa ajetreada dependencia de Rivadavia 2690, un grupo de personas hace fila detrás de un mostrador para sacar turno, otro -más numeroso aún- espera ser atendido y el resto se arremolina frente a un escritorio para transmitir sus consultas. Al finalizar el día, en promedio, más de 350 pasaron por el lugar. Es que allí, justo a una cuadra de la Plaza Miserere, un punto de conexión clave para el transporte público, funciona uno de los 90 Centros de Acceso a Justicia (CAJ) distribuidos por el país.Estas oficinas son una suerte de "dispositivo territorial" del Ministerio de Justicia que buscan servir como puente para que los sectores más vulnerables puedan superar el entramado burocrático para ejercer sus derechos."Nuestra política de acceso a la Justicia es una política de empoderamiento legal que asiste a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, para superar diversas barreras", dijo a LA NACION María Fernanda Rodríguez, subsecretaria de Acceso a la Justicia."El CAJ es un solucionador de problemas, es un mecanismo de exigibilidad de derechos que elimina barreras burocráticas y territoriales y obstáculos que resultan de la falta de información, de educación y de capital social", agregó.Para cumplir este fin, cerca de 400 agentes llegan cada día a los centros ubicados a lo largo del territorio argentino, desde Susques (Jujuy), a 3896 metros de altura, pasando por la villa 31 (ciudad de Buenos Aires), hasta Tolhuin (Tierra del Fuego), que no supera los 3000 habitantes.Abogados, trabajadores sociales, psicólogos y administrativos se despliegan para colaborar frente a cualquier tipo de problema legal.Allí enfrentan consultas por antecedentes penales, trámites ante Migraciones y Anses, problemas de vivienda, conflictos familiares, situaciones de violencia, entre muchos otros asuntos que atienden a diario. Para ayudar apelan a transmitir información, capacitar, realizar mediaciones comunitarias, sacar turnos online ante distintos organismos estatales, llamar a otros funcionarios, facilitar trámites, pedir la intervención de otras dependencias y brindar asesoramiento legal y psicológico, incluso conseguir patrocinio gratuito para una disputa legal."Se trata de contextualizar una vida", grafica en diálogo con LA NACION Ezequiel Martínez, del equipo del CAJ de Once...