Justicia franciscana: pan para hoy...

Las enseñanzas de San Francisco de Asís son la mejor guía para inspirar la conducta humana. Si el desprendimiento, el amor al prójimo y la solidaridad fuesen actitudes difundidas en la sociedad, se tejerían lazos intensos entre las personas, conformando un capital social sobre el cual podría edificarse una comunidad sobria, espiritual e igualitaria.Sin embargo, esas virtudes cardinales, tan valiosas como pautas morales para la interacción social, no funcionan cuando se trata de reglar, desde el Estado, el comportamiento de poblaciones enteras sin provocar efectos contrarios a los deseados.Ordenar la vida colectiva es un desafío complejo, ya que en las multitudes se combinan las buenas intenciones con el oportunismo, la generosidad con el egoísmo, el respeto por el bien común con el individualismo más cerril. Después de muchos siglos de prueba y error, se ha comprobado que las democracias republicanas, con división de poderes, independencia de la Justicia, libertad de expresión y de prensa, periodicidad de mandatos y basadas en normas generales, abstractas y estables, suelen alentar conductas más provechosas que cuando solo rigen las buenas intenciones del gobernante y la casuística hace impredecible el futuro. Los países que se desarrollan y reducen la pobreza son aquellos donde existe seguridad jurídica y no donde se pretende que los poderes del Estado emulen al "mendigo de Dios", resolviendo con bondad caso por caso.Hace unos días, se presentó en Buenos Aires el capítulo argentino de Comité Panamericano de Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, una iniciativa papal que tiene por objeto lograr que los jueces tengan en cuenta no solo la letra de la ley, sino también la situación de quienes concurren a sus estrados, pues "no hay democracia con hambre, no hay desarrollo con pobreza, no hay justicia en la desigualdad", conforme las palabras del papa Francisco.Asistieron al encuentro el exministro de la Corte Eugenio Zaffaroni, el exprocurador del Tesoro Carlos Balbín, la jueza federal Ana María Figueroa y el juez porteño Roberto Gallardo. También apoyaron la iniciativa Cristina Caamaño, presidenta de Justicia Legítima, y la jueza porteña Elena Liberatore. Balbín, coordinador del capítulo argentino, cerró la reunión expresando: "Lo que estamos discutiendo es si las reglas las pone el Estado o las impone el mercado".En esta Argentina fracturada, las reglas del fracaso las ha impuesto el mercado político, no el mercado...