La Justicia, amenazada por la política partidaria

En lo que podría interpretarse como una avanzada del poder político sobre el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Consejo de la Magistratura local se apresta a aprobar una nueva herramienta que podría condicionar las decisiones de los magistrados y afectar su independencia. Se trata del proyecto de creación del Cuerpo de Auditores, dependiente del Consejo de la Magistratura, sobre el que ya han alzado su voz no pocos jueces que temen que se convierta en una suerte de órgano de control de gestión de las decisiones de los magistrados, incompatible con el rango y la majestad de la función judicial.Según el proyecto actualmente en debate, este órgano funcionaría a pedido del presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad -hoy un representante político del Frente para la Victoria, que tendría la facultad de auditar juzgados y jueces. Lo grave es que ni siquiera dependería del cuerpo colegiado, sino que toda la gestión comenzaría, se desarrollaría y terminaría en el presidente del Consejo, en forma personal.Hay quienes interpretan que, entre las consideraciones contenidas en el proyecto de creación del Cuerpo de Auditores, el poder político esconde su verdadera intención al establecer como justificación la necesidad de determinar el avance de las investigaciones con el objeto de realizar un seguimiento crítico y abordar las problemáticas que se generen en esos ámbitos.Argumentan que, de ese modo, un delegado del poder político, elegido de manera discrecional, sin experiencia en la materia y obviando los requisitos de concurso previo para la oposición de antecedentes, operará como un veedor de las decisiones de los jueces.El temor se funda en que sólo terminen siendo auditados quienes no estén en sintonía con los intereses políticos coyunturales, los que podrían quedar así expuestos a una sanción disciplinaria, a una estigmatización que los perjudique en ulteriores concursos o a una posible remoción del cargo. Ello, al punto de que el proyecto hoy en debate prevé que los integrantes del Cuerpo de Auditores asuman la obligación de guardar secreto (confidencialidad) e informar sólo al presidente del Consejo de la Magistratura, quien recibirá en mano los informes de las auditorías realizadas.Quienes defienden la creación de ese cuerpo, en tanto, aseguran que se trata estrictamente de auditorías administrativas que apuntarán a un mejor desenvolvimiento de la tarea judicial, y descartan cualquier posibilidad de discrecionalidad por parte de...