Un juicio al periodismo que investiga al poder

Un periodista habla con gente honesta y deshonesta, con simpáticos y antipáticos, con buenos y malos, con ricos y pobres. Su única misión en la vida es buscar una aproximación a la verdad, allá donde ella está o pudiera estar. Por eso, ningún periodista debe ser juzgado, y mucho menos procesado, por sus fuentes de información. Sin embargo, esto es lo que el juez filokirchnerista Alejo Ramos Padilla acaba de hacer con el reconocido periodista Daniel Santoro, como partícipe necesario de los delitos de coacción y extorsión perpetrados por el falso abogado Marcelo D’Alessio.Ramos Padilla podría ser un anticipo del futuro si regresara al poder la facción política que lidera Cristina Kirchner.Santoroescribe en el diario Clarín desde hace 28 años; ese diario forma parte del conglomerado de medios periodísticos al que la expresidenta le declaró una guerra sin cuartel ni tregua cuando estaba en el poder.D'Alessio es un personaje caricaturesco. Antes de que se lo conociera públicamente, circulaba entre periodistas, fiscales y jueces pavoneándose con su condición de agente de la DEA, la agencia norteamericana que lucha contra el tráfico de drogas.Así se lo dijo también a Santoro. Santoro no le creyó. Ningún agente de la DEA dice que es agente de la DEA. Pero también repartía otra clase de información sobre supuestos hechos de corrupción, que un periodista de investigación (y Santoro lo es) tiene la obligación de recibir y chequear.La Constitución Nacional y el Pacto de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, que tiene aquí jerarquía constitucional, protegen el derecho de publicar opinión e informaciones por parte de la prensa. La Constitución argentina fue más allá con la reforma de 1994 y protege también las fuentes de información de los periodistas.La jurisprudencia vigente amplió esa garantía hacia la agenda, anotaciones y archivos de los periodistas.Por eso, la historia reciente está cargada de casos en los que periodistas revelaron informaciones que están bajo secreto de Estado (las declaraciones de contribuyentes ante la AFIP, por ejemplo). Pero en ningún caso la Justicia avanzó en la investigación de los periodistas.Hurgó, en cambio, en los agentes del Estado que habían filtrado esa información, no en lo que hizo la prensa. estalló como una operación perpetrada desde la cárcel de Ezeiza por exfuncionarios kirchneristas presos para cuestionar la gestión del fiscal Carlos Stornelli, el principal investigador de la causa de los cuadernos.La...