Jubilaciones: las incongruencias del proyecto del Gobierno para ajustar los haberes

A partir de marzo de 2021 las jubilaciones y pensiones tendrán reajustes semestrales y los porcentajes dependerán de la variación que tengan los salarios formales y la recaudación de impuestos que se destina, parcial o totalmente, al pago de prestaciones a cargo de la Anses. Los aumentos estarán sujetos a un tope, vinculado con los recursos totales que recibe el organismo y, en cambio, no tendrán piso. Será así, claro, si se aprueba en el Congreso el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo el jueves último, tras el anuncio del lunes por la noche.El comunicado oficial sobre la fórmula, emitido tras una reunión que encabezó el ministro de Economía, Martín Guzmán, y de la que participaron funcionarios del Gobierno y legisladores del Frente de Todos, incluyó un doble mensaje. La iniciativa se presentó con la promesa de que los haberes subirán por arriba de la inflación (una variable que, sin embargo, no está incluida ni en el cálculo, ni como base para una garantía de suba mínima) y, al mismo tiempo, con la afirmación de que lo propuesto permitirá bajar el déficit previsional, que explica en gran medida el desequilibrio fiscal, tema central en las conversiones con el Fondo Monetario Internacional, que comenzaron solo horas después de la nocturna difusión de la propuesta.La exclusión de la inflación como una de las variables a observar y la alta sensibilidad -por la inclusión de la recaudación- a los ciclos económicos y a otras cuestiones no vinculadas con el poder adquisitivo de las jubilaciones, están entre las principales críticas que economistas y especialistas en seguridad social le hacen a la fórmula propuesta. Además, el proyecto abre un espacio a la discrecionalidad, porque postula delegar a la reglamentación, que puede ser inestable, algunas definiciones referidas al cálculo, en lugar de procurar que quede todo definido en la ley.Otro aspecto crítico es la falta de transparencia que podría haber con una fórmula que es compleja y que no sería del todo nueva: es muy similar, de hecho, a la que estuvo vigente entre 2009 y 2017. Y en ese período nunca se hizo pública la totalidad de los datos utilizados para hacer los cálculos: eso impide el monitoreo, deja lugar a decisiones más políticas que técnicas y resta previsibilidad.Hay también advertencias respecto de que cómo se plantea el tope. "Tras la suba de marzo, en septiembre se va a otorgar la movilidad que resulte más baja, al compararse el resultado de dos cálculos. Y por un componente de uno de esos cálculos, resulta que la suma de los incrementos de marzo y de septiembre no podrá ser mayor al aumento que haya tenido en un año la recaudación de todos los recursos destinados a la Anses, incrementado en un 3%", explica la abogada previsionalista Elsa Rodríguez Romero. En la práctica, agrega, solo se darían subas según la recaudación, salvo que el incremento de los salarios sea menor (en ese caso, esa evolución sí intervendría en el índice).Más allá de los resultados que en los próximos años arroje la nueva modalidad, hay ya un punto de...