Jubilaciones en 20 años de kirchnerismo: ajuste, litigiosidad, moratorias y fin de las AFJP, los ejes de una política que deja enormes cuentas pendientes

En 2008 el gobierno de Cristina Kirchner mandó al Congreso un proyecto de ley para ponerle fin al régimen jubilatorio de capitalización

Un cambio radical de régimen, decidido repentinamente y guiado por necesidades de recursos del momento, por el cual el esquema de jubilaciones con mayor alcance del país volvió a ser cien por ciento estatal y de reparto; un crecimiento significativo del porcentaje de adultos mayores que cobran una prestación mensual, logrado a fuerza del predominio de la excepción (las moratorias) y no de la regla (el cumplimiento de los requisitos de la ley previsional, nunca puestos en revisión); una muy alta cantidad de juicios iniciados por jubilados contra el Estado, principalmente por el mal cálculo o por la ausente o deficiente actualización de haberes, y la reinstauración de un mecanismo de movilidad de los ingresos, bajo el empuje y la orden de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el congelamiento de haberes sufrido durante años por cientos de miles de prestatarios.

Las cuatro cuestiones mencionadas caracterizan la política previsional del kirchnerismo, a 20 años de su llegada al poder. Un factor también presente fue, inflación mediante, el ajuste del gasto previsional, traducido en recortes del poder adquisitivo de jubilados y pensionados.

Pasó, esto último, en la gestión de Néstor Kirchner, cuando se actualizaba solamente el monto del haber mínimo, desde una perspectiva de redistribución, pero dejando que el alza de precios deteriorara el valor real de los haberes de quienes, por los aportes que habían hecho, cobraban poco o bastante más que el importe básico. Para un grupo, la pérdida de poder de compra llegó en esos años, antes de que se generalizaran las subas, al 40%.

Pasó también, lo del ajuste, en 2020, cuando por iniciativa -previa a la pandemia- del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, se suspendió la aplicación de la fórmula de movilidad que había regido en 2018 y 2019. En 2020 se dieron aumentos diferenciales según el nivel de ingresos, que estuvieron basados en decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo y que, en el resultado acumulado, fueron inferiores a la inflación y a las subas que hubieran correspondido según el cálculo suspendido.

En ese año de pandemia, por el cierre temporario de las oficinas de la Anses y su apertura luego progresiva, se produjo una caída en el número de altas de prestaciones, otro factor que ayudó a ajustar el gasto, y que contrasta con la aceleración en el otorgamiento de beneficios en estos últimos meses de la gestión, a partir de la puesta en marcha de un nuevo sistema de "pago de deuda previsional" para quienes llegan a la edad jubilatoria sin reunir los aportes requeridos por ley.

En el actual 2023, en tanto, y según datos elaborados por el economista Andrés Borenstein, de EconViews, el gasto en jubilaciones de abril, corregido por inflación, fue un 9,8% más bajo que del mismo mes de 2022. Fue, para ese mes del año, el gasto real más bajo desde 2012, según la misma fuente.

La ley de Emergencia Económica aprobada a fines de diciembre de 2019 dispuso la suspensión por seis meses de la aplicación de la fórmula de movilidad hasta entonces vigente; después la medida se prorrogó hasta fines de 2020 por decreto de necesidad y urgencia

El congelamiento de muchos haberes en el inicio del siglo dio lugar al fallo de la Corte que favoreció al jubilado Adolfo Badaro, uno de los que había reclamado por la erosión que la inflación iniciada en 2002 le provocaba a su ingreso.

El pronunciamiento final del tribunal supremo en esa causa (hubo dos fallos, uno en el que se les ordenó a los...