José López apuntó a Vialidad y pidió una auditoría de obras

Sosteniendo en la mano un ayuda memoria manuscrito, que borroneó en su celda de la prisión de Ezeiza, José López, el secretario de Obras Públicas del kirchnerismo apuntó ayer hacia la Dirección Nacional de Validad como responsable de las licitaciones de obras públicas que recibió Lázaro Báez y desafió a que la Justicia cite a los 36 mayores constructores viales de la Argentina -incluido Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri- para preguntarles si alguna vez él les pidió una coima.

López, el hombre que está preso desde que lo sorprendieron arrojando en el convento de las monjas orantes y penitentes de General Rodriguez 9 millones de dólares "de la política", fue indagado ayer por el juez federal Julián Ercolini en la misma causa en que compareció Cristina Kirchner, el lunes pasado. Monologó y casi dictó los apuntes que había escrito en la cárcel, y no contestó preguntas. Dijo que quiere defender su buen nombre y honor.

A pesar de que había expectativa de que diera detalles reveladores sobre cómo funcionaba la obra pública, López hizo una defensa técnica. En los tribunales no pierden la esperanza de que pueda hablar más adelante, cuando terminen las indagatorias a fin de mes.

Mucho más delgado que cuando fue detenido, el 14 de junio pasado, aunque animado y locuaz, López deslindó responsabilidades por las licitaciones. Reconoció que es el autor del Plan Nacional de Obras Públicas, pero aclaró que fue implementado por los cuatro subsecretarios y que "pertenecía al sistema financiero del Ministerio de Planificación Federal". López entregó al juez Ercolini cinco tomos con el plan de obras desde 2003.

En sintonía con Cristina Kirchner, pidió hacer una auditoría de la obra pública en todo el país, con la idea de que las realizadas en Santa Cruz se licuen en las nacionales. Y en la misma frecuencia que el proyecto de ley que presentó el kirchnerismo en el Congreso dijo que espera que se cree una comisión bicameral que audite las obras viales, incluidas las del gobierno actual.

"Trata de esconder un elefante en una manada de elefantes", dicen en los tribunales. Al igual que la ex presidenta, dijo que lo invertido en el plan estratégico territorial entre 2003 y 2015 fueron 107.825 millones de dólares, por lo que "centrar la mirada en una única provincia como Santa Cruz, que en este caso ocupa el 9 por ciento del territorio, es sesgado y tiene una clara intencionalidad política y jurídica".

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques...