Investigan si Báez falseó operaciones y ocultó $ 10 millones a la Justicia

El juez federal ordenó ayer 18 allanamientos para investigar si en los últimos meses el empresario y su entorno más cercano simularon operaciones para eludir las prohibiciones de mover dinero que les impuso el juzgado.

La sospecha de los investigadores es que los Báez habrían sacado del control de la Justicia al menos unos 10 millones de pesos con estas maniobras.

De los 18 allanamientos, 15 fueron en la ciudad de Buenos Aires y tres en la provincia, en Pergamino, Temperley y Ramos Mejía. Fueron todos en inmuebles que figuraban como vinculados con nueve firmas distintas que habrían sido utilizadas como fachadas. La denuncia que dio origen a esta nueva investigación la presentó la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo oficial antilavado.

Uno de esos domicilios allanados ayer resultó ser el estudio jurídico de Carlos Broitman, hoy abogado de (supuesto traficante acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez), que dijo que nada tenía que ver y que él sólo le subalquilaba un box, dentro de su estudio, a un contador que preside la empresa investigada, Catahu SA.

Otras de las firmas bajo sospecha, alertó la UIF, fueron investigadas en causas penales como supuestas cuevas financieras y algunas tendrían relación con el financista Guillermo Greppi.

Para garantizar el resultado de los operativos, antes de que comenzaran, Casanello dispuso ayer el secreto del sumario.

La denuncia de la UIF que alertó al juez sobre la presunta simulación advirtió que los Báez habían hecho transferencias correspondientes a supuestos servicios cuya existencia nunca se acreditó. La sospecha es que habrían inventado relaciones comerciales con las empresas ayer allanadas. El objetivo: eludir las medidas cautelares que Casanello dispuso para evitar fugas del patrimonio del grupo Báez. La maniobra se realizó a través de la firma MyP, que le pertenece a Martín Báez (50%), Luciana Báez (30%) y el contador César Andrés (20%).

MyP tiene declarado un contrato de gestión de cobro con Austral Construcciones, principal empresa del grupo Báez. Austral declara tener créditos por acreencias con estas sociedades allanadas ayer y MyP recibe entonces dinero de esas sociedades, que gracias a esta operación son fondos que no ingresan a Austral, que está en el centro de la investigación judicial, sujeta a una veeduría y con limitaciones para mover activos.

Las medidas cautelares de protección del patrimonio de Báez y su grupo las ordenó Casanello...