Inversores privados podrán definir pleitos fuera del país

Una de las grandes apuestas del Gobierno para reactivar la economía comenzó a transitar esta semana por el Congreso. Se trata de un proyecto para crear un nuevo régimen de inversión a través de asociaciones público-privadas (PPP, según lo denominan los especialistas) con el que la administración de Mauricio Macri espera captar un fondo permanente de entre US$ 30.000 y US$ 40.000 millones proveniente de inversores privados para obras de infraestructura antes de la finalización de su mandato.

La Casa Rosada hará algunas concesiones para conseguir ese premio. Entre ellas, asumirá la posibilidad de que quien financie la obra pueda definir una eventual disputa con el Estado bajo la ley argentina, pero en tribunales extranjeros. Y se compromete a aceptar la decisión de ese cuerpo, algo que no quiso hacer el kirchnerismo con algunos de los juicios planteados en el Ciadi.

Así lo confirma Horacio Reyser, asesor del Presidente para Inversiones Extranjeras y uno de los mentores del proyecto, quien augura un trámite positivo en el Congreso por distintos motivos. Entre ellos, "por la importancia de una ley como ésta en el empleo y en la inversión, y porque escuchamos los comentarios de los legisladores y los vamos a incorporar".

A principios de la semana pasaron por la arena parlamentaria gobernadores, sindicalistas y empresarios para ponderar el proyecto del Ejecutivo. También hubo representantes de la CAF, el BID y el Banco Mundial, potenciales prestamistas de la Argentina en materia de infraestructura que le sumaron sus bendiciones.

"Chile, Colombia, Brasil, Perú y México tienen estos marcos jurídicos, que dan garantías para el repago de inversiones en períodos largos, de 15 años por ejemplo. En Chile se hicieron de esta manera muchas autopistas, con una garantía de tráfico mínimo que casi nunca se usó", explicó Reyser.

Según el funcionario, esta clase de asociaciones permiten que cuando el Estado reciba la obra comience a pagarla con el flujo propio que genere el negocio, como en el caso de las autopistas, o con recursos afectados del presupuesto de la Nación.

Según Reyser, el proyecto que está en debate en el Congreso y que el Gobierno quiere tener reglamentado antes de fin de año, siempre que no haya trabas en el trámite...