La industria del biodiésel no tiene opciones firmes para suplir a EE.UU.

Tras los fuertes aranceles que aplicó Estados Unidos contra el biodiésel argentino, con un rango de entre 50,29 y 64,17% y un promedio de 57,01%, a la industria local se le abrió un incierto panorama sobre su futuro.

Nacida tras la ley 26.093 de promoción de los biocombustibles, en 2006, en diez años realizó inversiones por US$ 2000 millones para llegar a una capacidad instalada de 4,5 millones de toneladas. El año pasado colocó en el mercado interno algo más de un millón de toneladas, mientras que exportó 1,5 millones de toneladas, el 90% a Estados Unidos. Hoy funcionan 35 plantas en el país, ocho exportadoras (entre ellas multinacionales como Cargill y Dreyfus, y locales como Vicentín y AGD). Las exportadoras están sobre la zona portuaria del Gran Rosario.

El sector ocupa de manera directa e indirecta a 6000 personas, en riesgo, según consideró ayer el ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani.

Por su parte, Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), evaluó que el sector queda con plantas paradas y "no sólo se complica la mano de obra, sino también una cadena económica muy importante como la de la soja".

En este contexto, la industria afronta varias encrucijadas. Entre ellas, buscar un arreglo en Estados Unidos para convenir volúmenes de exportación y precios, pedir al Gobierno que aquí se amplíe la mezcla del 10% con el gasoil o exportar excedentes de aceite de soja que no se harán biodiésel, a riesgo de bajas de precio para el sector, incluso al mismo productor de soja. "Esperemos que el sector privado local presente una propuesta unificada para ponerse de acuerdo con el sector privado de allá", dijo una fuente oficial, que no obstante le puso suspenso a esa opción. "La probabilidad de lograr un acuerdo privado es baja. Creemos que vamos a terminar en la Organización Mundial de Comercio (OMC) en un reclamo contra...