La inclusión en el aula, una meta difícil de alcanzar

La noticia le hizo recordar un triste momento de su propia historia. Cuando Liliana Peña se enteró ayer de que un grupo de madres festejaba por chat que uno de los compañeros de sus hijos, con síndrome de Asperger, había sido separado del curso, se le hizo un nudo en el estómago. Así describe Liliana su sensación, y confiesa que a su hijo mayor, diagnosticado con un trastorno del espectro autista, también lo apartaron de la escuela privada a la que iba cuando estaba en cuarto grado. "El grupo de padres me dio la espalda, y desde el colegio nos aconsejaron que mejor lo mandáramos a una escuela de educación especial. Pero hoy va a una escuela pública en Morón, cursa sexto grado y no sólo está mucho mejor, sino que es abanderado", dice con orgullo Liliana, que no quiso denunciar al colegio porque su hija menor continúa sus estudios allí.

Si bien el sistema educativo en la Argentina es inclusivo por definición, y los derechos están garantizados en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad [con rango institucional desde 2014], la ley nacional de educación 2026, y también la resolución 311 del Consejo Federal de Educación sobre la promoción, certificación, acreditación y titulación de estudiantes con discapacidad que están incluidos en todos los niveles, muchos padres recorren colegios que no sólo acepten a sus hijos, sino que -como dice la ley- promuevan y faciliten la inclusión.

"Una de las primeras excusas que las escuelas ponen es que ya no tienen más vacantes -dice Gabriela Santuccione, de Grupo Artículo 24, una coalición de más de 150 organizaciones en todo el país que trabaja por el derecho a la educación de todas las personas con discapacidad-. Y si aceptan al alumno, después las familias se encuentran con otras barreras durante la trayectoria escolar. Les reducen el horario de la jornada, los excluyen de algunas actividades o les piden a los padres que lo retiren del colegio si la maestra integradora...