Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE MAR DEL PLATA - SALUD y MEDIDAS ECONOMICAS, 25 de Enero de 2023, expediente FMP 002018/2021/2/CA003
| Fecha de Resolución | 25 de Enero de 2023 |
| Emisor | CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE MAR DEL PLATA - SALUD y MEDIDAS ECONOMICAS |
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA
del Plata, de enero de 2023.-
VISTOS:
Estos autos caratulados: “L., D. P. c/ SWISS MEDICAL MEDICINA
PRIVADA s/ Prestaciones Médicas s/ Incidente Ejecución de Sentencia”, FMP 2018/2021/2, procedentes del Juzgado Federal Nº 2,
Secretaria Nº 1, de esta ciudad;
Y CONSIDERANDO:
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Que arriban estas actuaciones a la Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto en fecha 04/01/23, por el Dr. S.A.R. –
apoderado de la demandada-, contra la resolución de fecha 02/01/23.
De las constancias obrantes en el expediente se sigue que luego del dictado de la sentencia definitiva (que se encuentra agregada en línea de actuaciones FMP 2018/2021 en fecha 20/10/21), y lo solicitado por la amparista (mediante presentación de fecha 08/06/22), el Magistrado de primera instancia resolvió ordenar a la accionada a proveer el fármaco ‘MEPOLIZUMAB’ al 100% mientras dure el tratamiento prescripto por su médico tratante, a los fines de garantizar el cumplimiento de la condena y el derecho a la salud de la amparista.
Se trata aquí, entonces, de evaluar la apelación interpuesta por la parte demandada, frente al dictado de orden cautelar en resguardo de las necesidades de salud de la amparista.
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En su presentación recursiva se agravia el apelante de la medida dispuesta, toda vez que ya existe sentencia y ha pasado en autoridad de cosa juzgada.
Fecha de firma: 25/01/2023
Firmado por: BERNARDO BIBEL, CONJUEZ DE CAMARA
Firmado por: W.D.P., SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: E.P.J., JUEZ DE CÁMARA
En mismo sentido, señala que lo expuesto, como acto procesal, sella cualquier tipo de posibilidad de denunciar hechos nuevos, con lo cual resulta improcedente y antijurídico el dictado de la misma.
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Resumidos los agravios, conferido el traslado de ley y siendo contestado el mismo –cfr. decreto y presentación digital de fechas 06/01/23 y 09/01/23-, quedaron los autos en condiciones de ser resueltos, conforme el llamado de autos de fecha 17 de enero de 2023.-
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Del análisis de las constancias obrantes en el expediente y conforme la naturaleza de la cuestión planteada, estamos en condiciones de adelantar nuestro criterio en el sentido de confirmar la resolución decretada por el Juez de grado, ello en base a los fundamentos que a continuación expondremos.
En primer lugar, debemos valorar la trascendencia de los derechos que se encuentran comprometidos en autos, surgiendo así el derecho a la salud, a una buena calidad de vida y a una asistencia médica adecuada y oportuna, consagrados en la Ley Suprema y en Declaraciones y Tratados Internacionales, que gozan de jerarquía constitucional.
El Cimero Tribunal ha sostenido que “(…) El derecho a la salud -
máxime cuando se trata de enfermedades graves (…) se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida que está reconocido por la Constitución y por los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 de la Ley Suprema), por lo que la autoridad pública tiene la obligación impostergable de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (…)” (C.S.J.N. “L. de V., C.
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v. AMI y otros” •
02/03/2011, Cita online: 70069472).
Fecha de firma: 25/01/2023
Firmado por: BERNARDO BIBEL, CONJUEZ DE CAMARA
Firmado por: W.D.P., SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: E.P.J., JUEZ DE CÁMARA
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA
Es claro que si – como acaece en autos - hay riesgo y el peligro de daño – en este caso a la salud y a una buena calidad de vida – es inminente,
la seguridad previsible obliga antes y no después a impedir su generación y,
en todo caso, a contar a cargo de quien lo provoca, con las fuentes de financiamiento al padecimiento, que sean oportunas y funcionales.
Bien se ha sostenido en este punto que “(…) resulta fundamental, a fin de propender a la consecución de una tutela que resulte efectiva e inmediata, reposar nuestra mirada en la importancia que tiene el “poder cautelar” para contrarrestar la urgencia que evidencian algunas situaciones excepcionales, a la luz del llamado por C.: “ordinario iter procesal”, esto es, el tiempo que consume naturalmente el proceso judicial”
(Cfr. Rojas, J.“. cautelares”, en AAVV A.M. “Director” “Medidas cautelares” Edit. La Ley, pág.15).
El propio sistema interamericano de tutela de derechos fundamentales, hoy con jerarquía constitucional (Art. 75 inc. 22 CN), refiere la clara directriz de que la tutela efectiva es una garantía de prestación del Estado (Art. 2, 25 y CC. CADH).
En tal contexto, bueno es resaltar una vez más que el “derecho a la preservación de la salud”, que da fundamento a la orden de cautela aquí
puesta en crisis, si bien no se encuentra explícitamente consagrado en nuestra Constitución Nacional -con salvedad a lo establecido por el artículo 42 respecto de los consumidores y usuarios-, desde siempre ha sido considerado como uno de aquellos que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno, es decir, integrante de la categoría de los denominados “derechos implícitos” de nuestro ordenamiento jurídico (Art. 33 de la Constitución Nacional).
Cabe destacar que el derecho a la salud goza en la actualidad de jerarquía constitucional en los términos del artículo 75 inciso 22,
Fecha de firma: 25/01/2023
Firmado por: BERNARDO BIBEL, CONJUEZ DE CAMARA
Firmado por: W.D.P., SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: E.P.J., JUEZ DE CÁMARA
específicamente a través del artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental…Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para... d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”.
Merece ponerse de resalto además aquí, que la obligación de garantizar el derecho a la salud ha sido – en subsidio – asumida por el Estado Argentino para con sus habitantes, y en este contexto no puede de dejar de mencionarse que a las normas indicadas en el párrafo que antecede debe interpretárselas conjuntamente con lo establecido en el inciso 23 del artículo 75 de la CN., que hace especial referencia a la necesidad de adoptar – como competencia del Congreso de la Nación – “medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos (...)”.
Es decir que del plexo normativo descripto surge con claridad la efectiva protección que deben tener estos derechos fundamentales de la persona, que implican no sólo la ausencia de daño a la salud por parte de terceros, sino también la obligación de quienes se encuentran compelidos a ello – y con especialísimo énfasis los agentes del servicio de salud – de tomar acciones positivas en su resguardo.
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Adentrándonos al planteo nulificante del decisorio cuestionado,
adelantamos nuestro criterio en el sentido que el mismo no puede prosperar.
Fecha de firma: 25/01/2023
Firmado por: BERNARDO BIBEL, CONJUEZ DE CAMARA
Firmado por: W.D.P., SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: E.P.J., JUEZ DE CÁMARA
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA
Corresponde destacar primeramente que las nulidades –en general-
poseen carácter restrictivo, debiendo contemplarse expresamente la misma como sanción en la norma pertinente o cuando el acto no haya podido obtener su finalidad, conforme lo establece el art. 169 del C.P.C.C.N.
Cabe recordar que la finalidad de la nulidad radica fundamentalmente en asegurar la garantía constitucional de la defensa en juicio. Es así como este remedio conlleva como misión esencial enmendar perjuicios efectivos,
que surgidos de la desviación de las reglas del proceso puedan generar indefensión.
Es dable resaltar aquí el “principio de trascendencia”, requisito indispensable para que se constituya la nulidad, es decir, sólo tiene viabilidad este remedio cuando haya un fin que trascienda la nulidad misma,
en otras palabras cuando la desviación tenga influencia sobre las garantías esenciales de la defensa en juicio.
Dicho enunciado obliga al juzgador a ser extremadamente cauteloso al momento de...
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