Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA CIVIL, 30 de Mayo de 2023, expediente CAF 014885/2022/1/CA002

• Fecha de Resolución: 30 de Mayo de 2023
• Emisor: CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA CIVIL

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA PLATA

La Plata, 30 de mayo de 2023

Y VISTOS: este expte. CAF 14885/2022/1/CA1,

caratulado: “Incidente Nº 1 – ACTOR: FERNANDEZ, M.R. DEMANDADO: AFIP s/ inc apelación”, proveniente del Juzgado Federal de Primera Instancia n° 3 de Lomas de Z., Secretaría n° 9.

Y CONSIDERANDO QUE:

1. La decisión recurrida y los agravios.

   1. El juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora con el objeto de que se le ordene a la Administración Federal de Ingresos Públicos -con la respectiva comunicación a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal-, que cese de inmediato de efectuar y/o admitir descuentos y/o retenciones por impuesto a las ganancias sobre el haber previsional del señor F., hasta tanto se dicte sentencia.

   Fundó su decisión en que el requisito de verosimilitud en el derecho necesario para el dictado de toda medida cautelar debía analizarse de conformidad con los parámetros del precedente “G., M.I. c/

   AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad” de la Corte.

   En este contexto, destacó que, en el caso, se encontraba acreditada la “vulnerabilidad” del actor debido a que es una persona con una afección en su salud y a que tiene dos hijos menores de edad con discapacidad.

   Por último, con relación al peligro en la demora, lo encontró configurado en el carácter alimentario de los haberes previsionales.

   2. Contra esa decisión la AFIP dedujo recurso de reposición con apelación en subsidio. Al primer recurso el a quo no le hizo lugar y la concesión del segundo provoca, ahora, la intervención de este Tribunal. En Fecha de firma: 30/05/2023

   Firmado por: C.A.V., juez de cámara Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: P.M.L., Secretario de Cámara #36990956#350688595#20230529213348007

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   sustancial síntesis sostuvo que: a) se dictó la medida cautelar sin que se diera traslado del informe del artículo 4 de la ley 26.854; b) no se le puso un plazo a la medida cautelar; c) se interpretó el precedente “G.” con un criterio objetivo de que ser jubilado es ser vulnerable, sin tener en cuenta otras condiciones;

   d) el dictado de la ley 27.617 resolvió la cuestión de fondo; e) no concurre verosimilitud en el derecho porque no existe vulnerabilidad en la situación que alega para que se decida su exención, ni peligro en la demora porque no existe riesgo de irreparabilidad o daño inminente; f) lo decidido afecta al interés público porque impide al Estado llevar a cabo su actividad de satisfacer necesidades públicas; g) la contracautela debería ser real.

   3. Los agravios fueron contestados por el actor.

2. Consideración de los agravios.

   1. Los presupuestos para el otorgamiento de las medidas cautelares.

   1.1. El dictado de medidas precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud.

   Además, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual agota su virtualidad (conf., Rev. La Ley 1996-C, p.434).

   En tal sentido, ha sido criterio judicial reiterado que la procedencia de las medidas cautelares –

   justificadas, en principio, en la necesidad de mantener la igualdad de las partes y evitar que se convierta en ilusoria la sentencia que finalice el pleito- queda subordinada a la verificación de los siguientes extremos: la verosimilitud del derecho invocado y el Fecha de firma: 30/05/2023

   Firmado por: C.A.V., juez de cámara Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: P.M.L., Secretario de Cámara #36990956#350688595#20230529213348007

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   peligro irreparable en la demora, recaudos que aparecen exigidos por el art. 230 del CPCC, a los que se une la condición cautelar contemplada en el art. 199 del CPCC.

   1.2. Dichos presupuestos aparecen estrechamente vinculados, de modo que, a mayor verosimilitud del derecho, cabe no ser tan exigente en la apreciación del peligro del daño y viceversa (conf., Rev. La Ley 1996-B,

   p. 732); cuando existe el rigor de un daño extremo e irreparable, el riesgo del fumus puede atemperarse (conf., La Ley 1999-A, p. 142).

   1.3. También es pertinente recordar -como lo tiene resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que cuando la medida cautelar se intenta contra la Administración Pública, es menester que se acredite prima facie y sin que ello implique prejuzgamiento de la solución de fondo, la manifiesta arbitrariedad del acto cuestionado, dado el rigor con que debe apreciarse la concurrencia de los supuestos que la tornan admisible. Y

   ello es así porque los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, razón por la cual en principio ni los recursos administrativos ni las acciones judiciales mediante los cuales se discute su validez, suspenden su ejecución, lo que determina, en principio, la improcedencia de las medidas cautelares (Fallos 313:521 y 819, entre muchos otros).

   A ello se añade que en los litigios dirigidos contra la Administración Pública o sus entidades descentralizadas, además de los presupuestos de las medidas de no innovar establecidos en general en el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se requiere, como requisito específico, que la medida solicitada no afecte...