Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA CIVIL, 24 de Abril de 2023, expediente FMP 017817/2022/1/CA001
| Fecha de Resolución | 24 de Abril de 2023 |
| Emisor | CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA CIVIL |
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA
del Plata, de abril de 2023.-
VISTOS:
Estos autos caratulados “INC APELACION en autos CUADRADO,
E.A. c/ AFIP s/ ACCIÓN MERE DECLARATIVA DE
INCONSTITUCIONALIDAD”, Expediente FMP 17817/2022/1, procedentes del Juzgado Federal de Dolores, Secretaría Civil.
Y CONSIDERANDO:
I) Que llegan los autos a esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto en fecha 01/02/2023 -y fundado el 14/02/2023- por las Dras. M.S.M. y M.L., apoderadas de la AFIP, contra la resolución dictada el día 06/12/2022, por medio de la cual el Juez de Grado concedió la medida cautelar solicitada, consistente en el cese inmediato del descuento por impuesto a las ganancias en los haberes jubilatorios del accionante.
La parte recurrente manifiesta, en primer lugar, que la medida concedida resulta ser infundada, no existiendo ni verosimilitud del derecho ni peligro en la demora en el caso y que, además, la misma coincide exactamente con la pretensión procesal de fondo, todo lo cual lleva a su revocación.
Sostiene que se han violado además, al conceder la medida, las mandas legales que surgen de la Ley 26.854 de medidas cautelares contra el Estado.
Afirma que debe considerarse que el régimen de medidas cautelares que conllevan la postergación de las rentas públicas debe ser examinado con particular estrictez siendo que la percepción de las rentas públicas en el tiempo y modo dispuestos por la ley es condición indispensable para el funcionamiento regular del Estado. Y aduna que la medida otorgada tiene por efecto detraer de la renta pública sus recursos legales de lo cual resulta una directa afectación de los recursos y bienes del Estado.
Fecha de firma: 24/04/2023
Firmado por: A.O.T., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: E.P.J., JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: W.D.P., SECRETARIO DE CAMARA
Indica que el actor no ha acreditado la verosimilitud del derecho, en tanto su situación dista claramente de la excepcional condición de vulnerabilidad que se daba en el fallo “G.” del Cimero Tribunal, al evidenciarse en la copia de los haberes adunados que el accionante cuenta con cobertura de obra social, por lo que no surge acreditado que su estado de salud le demande gasto alguno que deba afrontar con su patrimonio.
Agrega que no se han acreditado erogaciones que necesite afrontar para su subsistencia tales que permitan en todo caso analizar su situación, tanto de salud como patrimonial, como para poder efectuar estimación alguna sobre la eventual afectación de la aplicación del impuesto al caso y tener así por configurada la verosimilitud del derecho.
Por otra parte, argumenta que el peligro en la demora se encuentra totalmente ausente en el caso de marras.
Finalmente, mantiene reserva de caso federal y solicita se revoque el pronunciamiento atacado, con costas.
Concedido el recurso de apelación interpuesto y elevadas las actuaciones,
en fecha 10/03/23 se llamaron los autos para resolver, por lo cual corresponde tratar el remedio incoado.
II) Ahora bien, previo a comenzar con el desarrollo de las cuestiones propuestas a revisión por parte de este Tribunal, hemos de señalar que sólo atenderemos aquellos planteos que sean considerados esenciales a los fines de la resolución del litigio. Cabe aquí recordar que los jueces no están obligados a considerar todos y cada uno de los pedidos de las partes recurrentes, pues basta que lo hagan respecto de aquellos considerados esenciales y decisivos para el fallo de la causa.
En este sentido, ha sido nuestra Corte Suprema de Justicia quien ha sentado la doctrina según la cual los jueces no están obligados a ponderar una Fecha de firma: 24/04/2023
Firmado por: A.O.T., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: E.P.J., JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: W.D.P., SECRETARIO DE CAMARA
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA
por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (ver LL
144 p. 611, 27.641-S; LL 145 p. 346; LL 148 p. 692, 29.625-S; Fallos 296:445;
297:333 entre otros).
III) Entrando en el análisis de la medida cautelar otorgada es de señalar que -en el caso- se está cuestionando la aplicación de los artículos 23 inc. c, 79
inc. c, 81 y 90 de la ley 20.628 (texto leyes 27.346 y 27.430) y artículos 7 y 8 ley 27617 respecto del beneficio previsional que posee el actor, quien pretende el cese inmediato de los descuentos y retenciones en sus haberes con imputación al impuesto a las ganancias.
Es cierto que -en la actualidad- la mera circunstancia de identidad entre la cautelar peticionada y el objeto final de los actuados no permite -por sí solo-
justificar el rechazo de la medida de cautela, siempre que las circunstancias del caso avalen su tratamiento (ello sucede, a menudo, en los Amparos donde el derecho tutelado es la Salud). De todos modos, es necesario evaluar si -en este caso concreto- la cautelar debe o no prosperar.
La cautelar de marras -innovativa- corresponde a una de las llamadas “genéricas”, que tienden a satisfacer una necesidad de aseguramiento provisional a cuyo respecto resultan insuficientes las expresamente contempladas en la ley procesal; o sea, son -como las denomina la doctrina- (Colombo, “Código Procesal Civil Comercial”, T. I, págs. 389 y ss) “poder cautelar residual”, y dentro de esta clase, la innovativa pretende que alguien deje de hacer algo en sentido contrario al representado por la situación vigente y que de alguna manera le afecta ostensiblemente.
Este remedio debe acordarse siempre que al titular de un derecho le asista un interés legítimo y serio. A tal fin, el peticionante debe fundar la verosimilitud del derecho que invoca y el magistrado debe analizar dicho recaudo, lo que no Fecha de firma: 24/04/2023
Firmado por: A.O.T., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: E.P.J., JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: W.D.P., SECRETARIO DE CAMARA
conlleva a realizar una prueba de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino que el juicio de verdad sobre esta materia consiste en atender aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, agota su virtualidad.
Debemos valorar que la pretensión del actor tiene como objeto neutralizar cautelarmente los efectos de una Ley y Resolución dictada en consecuencia;
tampoco debemos soslayar que por vía de principio –criterio aplicado reiteradamente por este Tribunal– las medidas cautelares no proceden respecto de actos administrativos habida cuenta de la presunción de validez y legitimidad que poseen; sin embargo, es dable acotar que tal principio no reúne carácter de absoluto, toda vez que debe ceder cuando se impugnan los actos sobre una base prima facie verosímil y se acredita la arbitrariedad de los mismos (Fallos: 250:154;
251:336; 307:1702).
Como ya ha señalado esta Alzada, en nuestro sistema constitucional es facultad del Poder Legislativo dictar las leyes y del Poder Ejecutivo aplicarlas o ejecutarlas en base a decretos que encuentran su límite en el art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional, pero es posible quebrar esa regla de legalidad si se acredita prima facie y con el grado de probabilidad de las cautelares, la arbitrariedad del acto recurrido.
Pero por otra parte, no puede olvidarse aquí que conviven en el marco de estas peculiares peticiones cautelares, dos cuestiones cruciales que siempre y necesariamente deben ser balanceadas por los Magistrados al actuar en causas judiciales: por un lado de desprotección que muchas veces atañe al administrado,
máxime cuando tratamos cuestiones de índole previsional, en las que campean la situación de vejez, y muchas veces también la de indigencia y necesidades inmediatas de cobertura en materia de salud; pero por otro lado, debe ser también evaluado el hecho no menos cierto que la autoridad Estatal representa, por principio, un interés superior al individual, y el mismo debe ser...
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