Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE MAR DEL PLATA - SALUD y MEDIDAS ECONOMICAS, 26 de Mayo de 2022, expediente FMP 001393/2022/1/CA002

Fecha de Resolución26 de Mayo de 2022
EmisorCAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE MAR DEL PLATA - SALUD y MEDIDAS ECONOMICAS

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

del Plata, de mayo de 2022.-

VISTOS:

Estos autos caratulados: “Z. B., F. c/ ANMAT s/ Amparo – Ley 16.986 s/ Incidente de Apelación”. Expediente Nº 1393/2022/1,

procedentes del Juzgado Federal Nº 2, Secretaria Nº 1 de esta ciudad.

Y CONSIDERANDO:

  1. Que arriban los autos al Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto en fecha 07/04/22 por la Dra. N.E.B., en su calidad de apoderada de la parte accionada, contra la resolución dictada en fecha 05/04/22.

    De las constancias obrantes en el expediente se sigue que a raíz de lo solicitado por la amparista –persona con discapacidad- en lo pertinente a esta incidencia (mediante presentación de fecha 17/02/22), el Magistrado actuante en primera instancia decretó la medida cautelar solicitada,

    ordenando a la accionada a que autorice el ingreso al país –para este caso en particular- de la medicación Trikafta en las cantidades ordenadas para la paciente por su galeno tratante, y en los términos del certificado médico acompañado al presente en formato digital y con el alcance de lo prescripto por la Ley 24.901 y Ley 27.552, mientras dure el tratamiento prescripto y/o se dicte sentencia definitiva en los autos principales y la misma quede firme.

    Se trata aquí, entonces, de evaluar la apelación interpuesta por la parte accionada, frente al dictado de orden cautelar en resguardo de las necesidades de salud de la amparista.

  2. En su presentación recursiva se agravia la apelante de la medida cautelar ordenada, ya que obliga a su mandante a cubrir una medicación la cual –alude- no está aprobada por la ANMAT.

    Fecha de firma: 26/05/2022

    Firmado por: R.M., SECRETARIO DE JUZGADO

    Firmado por: A.O.T., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.P.J., JUEZ DE CÁMARA

    En mismo sentido, indica que una medicación importada debería ingresar mediante el régimen de excepción de medicamentos.

    Por otro lado, manifiesta que en el país existe un producto idéntico (mismos componentes a los requeridos por la amparista), por lo que no corresponde la autorización del medicamento importado.

    Además, como agravio principal, cuestiona al a quo por no haber solicitado el informe indicado en el art. 4 de la ley 26854, asimismo indica que de haberlo solicitado hubiera tenido la totalidad de argumentos para resolver.

    Finalmente, se agravia por considerar ha sido vulnerado el debido proceso y el derecho de defensa en juicio.

  3. Conferido que fuera el traslado pertinente a la contraria y habiendo sido contestado el mismo –cfr. decreto y presentación digital de fechas 22/04/22 y 26/04/22 respectivamente-, quedaron los autos en condiciones de ser resueltos, conforme decreto de fecha 04/05/22.

  4. Que al entrar a analizar la cuestión traída a estudio, a fin de arribar a una solución ajustada a derecho y a las circunstancias de la causa,

    debemos valorar la trascendencia de los derechos que se encuentran comprometidos en autos, surgiendo así el derecho a la salud, a la vida y a una asistencia médica adecuada, consagrados en la Ley Suprema y en Declaraciones y Tratados Internacionales, que gozan de jerarquía constitucional.

    El derecho a la vida –y a una buena calidad de vida- tiene un papel central en la sistemática de los derechos humanos, siendo la asistencia médica un aspecto fundamental de la misma (cfr. CFAMdP en autos “T., S.

    c/ SAMI s/ Amparo s/ Incidente de apelación de medida cautelar”, sentencia registrada al T° CXI F° 15.840; “., Z. E. c/ INSSJYP y otro s/ Amparo s/

    Fecha de firma: 26/05/2022

    Firmado por: R.M., SECRETARIO DE JUZGADO

    Firmado por: A.O.T., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.P.J., JUEZ DE CÁMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

    Incidente de apelación de medida cautelar”, sentencia registrada al T° CX F°

    15.687; entre muchos otros).

    El Cimero Tribunal ha sostenido que “(…) El derecho a la salud -

    máxime cuando se trata de enfermedades graves y de personas que padecen de discapacidad- se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida que está reconocido por la Constitución y por los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 de la Ley Suprema), por lo que la autoridad pública tiene la obligación impostergable de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (…)” (C.S.J.N. “L. de V., C.

  5. v. AMI y otros” • 02/03/2011, Cita online:

    70069472).

    Es claro que si – como acaece en autos - hay riesgo y el peligro de daño – en este caso a la salud y a una buena calidad de vida – es inminente,

    la seguridad previsible obliga antes y no después a impedir su generación y,

    en todo caso, a contar a cargo de quien lo provoca, con las fuentes de financiamiento al padecimiento, que sean oportunas y funcionales.

    Bien se ha sostenido en este punto que “(…) resulta fundamental, a fin de propender a la consecución de una tutela que resulte efectiva e inmediata, reposar nuestra mirada en la importancia que tiene el “poder cautelar” para contrarrestar la urgencia que evidencian algunas situaciones excepcionales, a la luz del llamado por C.: “ordinario iter procesal”, esto es, el tiempo que consume naturalmente el proceso judicial”

    (Cfr. Rojas, J.“. cautelares”, en AAVV A.M. “Director” “Medidas cautelares” Edit. La Ley, pág. 15).

    El propio sistema interamericano de tutela de derechos fundamentales, hoy con jerarquía constitucional (Art. 75 inc. 22 CN), refiere Fecha de firma: 26/05/2022

    Firmado por: R.M., SECRETARIO DE JUZGADO

    Firmado por: A.O.T., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.P.J., JUEZ DE CÁMARA

    la clara directriz de que la tutela efectiva es una garantía...

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