Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B, 10 de Mayo de 2022, expediente FRO 024398/2020/1/CA001

• Fecha de Resolución: 10 de Mayo de 2022
• Emisor: CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B

1 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO-SALA B

Civil/Int.

Visto, en Acuerdo de la Sala “B” integrada, el expediente Nro.

FRO 24398/2020/1/CA1, caratulado: “Inc. de Apelación en autos GALDON, M.d.C. c/ AFIP s/ Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad”

(originario del Juzgado Federal Nro. 1 de la ciudad de Santa Fe) del que resulta que:

El Dr. F.L.B. dijo:

1. - Vinieron los autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte demandada, contra la resolución de fecha 23 de febrero de 2021 (fs. 12 del incidente de apelación,

   según constancias digitales del Sistema Lex 100), que decidió: “Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por M.d.C.G., ordenando a la AFIP

   (DGI) que se abstenga de efectuar y/o admitir descuentos y/o retenciones por Impuesto a las Ganancias (Cód. 510 AFIP) en el haber previsional de la actora -hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa- …”.

   Concedido el recurso, se formó incidente y se elevaron los autos,

   disponiéndose la intervención de esta Sala “B” y ordenándose el pase al Acuerdo,

   por lo que quedaron a estudio.

2. - La demandada se agravió de la resolución en crisis por incumplir con las previsiones del artículo 5 de la Ley 26.854 que ordena la fijación de un plazo de duración de la medida cautelar.

   Señaló también, que el a quo omitió requerir a esa parte el infirme previo del artículo 4 de la Ley 26.854. Solicitó la nulidad del resolutivo apelado.

   Se quejó del resolutivo por afectar el interés público comprometido, y la normal y oportuna percepción de la renta pública.

   Consideró que la gravedad institucional del fallo es evidente. Que es arbitrario por ser contraria al texto de las disposiciones legales que son de aplicación al caso.

   Fecha de firma: 10/05/2022

   Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: E.I.V., JUEZA DE CAMARA

   Firmado por: A.G., SECRETARIA DE CAMARA

   Firmado por: F.L.B., JUEZ DE CAMARA

   35433733#326466793#20220509114344619

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   Citó jurisprudencia respecto de la rigurosidad con la que deben ser apreciadas las medidas precautorias contra la Administración Pública.

   Se agravió de la sentencia de grado por considerar que el derecho invocado no es verosímil, a diferencia de lo sostenido por el a quo.

   Resaltó que el pedido cautelar es de carácter estrictamente patrimonial y que la actora podría obtener una reparación por el medio procesal idóneo en caso de que se le hubiese ocasionado un daño injustificado.

   Sostuvo que el derecho invocado por la reclamante no es verosímil y que la sentenciante debió analizar ese requisito con mayor rigurosidad.

   Agregó que debe primar una presunción de constitucionalidad en actos de la administración y que el Poder Judicial no puede entrometerse en cuestiones reservadas a los demás poderes del Estado.

   Cuestionó la aplicación del fallo de la CSJN “G. y el fallo “Calderale”.

   Se quejó de que el a quo considerara que la situación de la actora es de suma vulnerabilidad, apoyándose en un certificado médico ilegible y sin advertir que posee capacidad económica para afrontar sus futuros y/o eventuales gastos de salud. Expresó que no se acreditó el eventual estado de vulnerabilidad invocado.

   Señaló que la actora tiene el deber de acreditar la situación que permita colocarla en condición diferencial del resto de los jubilados, caso contrario, se vería afectado además del principio de “legalidad”, también el de “igualdad” respecto de quienes con el mismo un mismo ingreso previsional pagan el impuesto.

   Sostuvo que no se verificó el fumus bonis iuris.

   Invocó la aplicación del fallo D. dictado por el Máximo Tribunal.

   Dijo que no existió arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta en el Fecha de firma: 10/05/2022

   Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: E.I.V., JUEZA DE CAMARA

   Firmado por: A.G., SECRETARIA DE CAMARA

   Firmado por: F.L.B., JUEZ DE CAMARA

   35433733#326466793#20220509114344619

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   acto estatal, por lo que debe presumirse la legitimidad del mismo.

   Sostuvo que no existió el peligro en la demora. Añadió que los haberes de pasividad de la actora superan varias veces el ingreso previsional mínimo, mientras que las retenciones no son significativas.

   Remarcó que el carácter de “jubilado” de la persona o de “alimentario” de su haber, resultan insuficientes a los efectos de tener por acreditado el “peligro irreparable de la demora”, y su invocación por el a quo es meramente abstracta y dogmática.

   Por último, cuestionó la falta de cumplimiento del resto de los recaudos exigidos por la Ley 26.854, en efecto, que el pedido de la cautelar coincide con la pretensión de fondo.

   Resumió que no se encuentran cumplidos ni los requisitos generales ni específicos de procedencia de las medidas cautelares,

   correspondiendo la revocación de la medida.

   Planteó el caso federal y solicitó la revocatoria de la sentencia apelada.

   Y Considerando:

1. - Analizados los agravios expuestos por la recurrente debe tenerse siempre presente que, en principio, para la concesión de medidas cautelares ha de partirse de un criterio amplio, que trocará en restrictivo cuando éstas se pretenden contra actos o facultades de la administración pública, habida cuenta –tal como lo expresara el a quo en la sentencia atacada- de la presunción de legitimidad de que gozan (así Palacio, L.E. y A.V., A. en:

   Código procesal civil y comercial de la Nación, explicado ...

   , Rubinzal-Culzoni,

   Santa Fe, 1990, tomo quinto, página 58). Concretamente señaló la doctrina que “En tal sentido, se ha dicho inveteradamente que la prohibición de innovar respecto de los actos de los poderes públicos debe ser apreciada con criterio restrictivo, es...