Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A, 12 de Abril de 2022, expediente FRO 022348/2020/1/CA001

• Fecha de Resolución: 12 de Abril de 2022
• Emisor: CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

Visto, en Acuerdo de la Sala “A” –

integrada-, el expediente Nro. FRO 22348/2020/1/CA1,

caratulado: “Inc. de Apelación en autos TONIOLLO, J.A. c/ AFIP y Otro s/ ACCIÓN MERE DECLARATIVA DE

INCONSTITUCIONALIDAD” (originario del Juzgado Federal Nro. 1

de la ciudad de Santa Fe) del que resulta que:

El Dr. F.L.B. dijo:

1. - Vinieron los autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto (fs.

   29/34, según el Sistema Lex 100, al que en lo sucesivo se remitirá) y fundado por la representación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (fs. 36/58),

   contra la resolución de fecha 11 de diciembre de 2020 (fs.

   26), que dispuso “Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por J.A.T., ordenando a la AFIP

   (DGI) que se abstenga de efectuar y/o admitir descuentos y/o retenciones por Impuesto a las Ganancias (Cód. 510 AFIP) en el haber previsional del actor -hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa-, bajo la caución juratoria del peticionante que se considera prestada con la firma de la demanda y solicitud de la medida…”.

   Concedido el recurso y corrido el pertinente traslado (fs. 59), fue contestado por la contraria a fojas 60/68. Elevados los autos, se dispuso la intervención de la Sala “A” y se ordenó el pase al Acuerdo, por lo que quedaron a estudio (fs. 71).

2. - La demandada se agravió en primer lugar de que la resolución en crisis omitió por completo la aplicación del artículo 5 de la ley Nro. 26.854, que ordena la fijación de un plazo de duración de la medida cautelar.

   Que además no se requirió el informe previo previsto por el Fecha de firma: 12/04/2022

   Alta en sistema: 13/04/2022

   artículo 4 de la ley antes citada.

   Firmado por: F.L.B., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: E.I.V., JUEZA DE CAMARA

   Firmado por: A.P., JUEZ DE CÁMARA

   Firmado por: E.P., SECRETARIA DE CÁMARA

   Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

   Aseveró que se encuentra comprometido el interés público. Manifestó que la resolución en trato implica detener los efectos de un acto estatal, sin que se verifique la concurrencia de los supuestos del artículo 13 de la ley Nro. 26.854. Que además, la medida cautelar dictada impuso una determinada conducta a la demandada, esto es el cese de las retenciones impositivas del impuesto a las ganancias sobre los haberes que como jubilado percibe la actora,

   tornando aplicable el artículo 14 de la ley de medidas cautelares contra el Estado Nacional.

   Sostuvo que la gravedad institucional del fallo en crisis era evidente, pues se encuentra comprometida –nada más y nada menos- la normal y oportuna recepción de la renta pública, lo que vulnera expresa disposiciones legales (artículos 195 del CPCCN y 9 de la ley 26.854).

   La recurrente se agravió por cuanto la resolución que impugnó tiene por configurado el requisito exigido por el artículo 230 del código procesal, esto es la verosimilitud en el derecho, el cual, afirmó, no se cumple en el presente caso. Indicó que resulta clara la insuficiencia e incorrección de los fundamentos dados para tener por configurado el primer extremo de procedencia de la cautelar,

   esto es, la verosimilitud en el derecho.

   Aseveró que el decisorio de primera instancia se sustentó en argumentos aparentes y dogmáticos,

   sin tratar cabalmente con fundamentos de derecho, e introduciéndose indebidamente en la cuestión de fondo,

   agravado a que solo hace referencia a las afirmaciones parciales de la actora que no dan cuenta de la realidad de los hechos, frente al claro texto de la ley que grava los haberes jubilatorios. Que además resulta arbitrario, pues,

   sin que Fecha de firma: 12/04/2022 mediara declaración de inconstitucionalidad,

   A. en sistema: 13/04/2022

   Firmado por: F.L.B., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: E.I.V., JUEZA DE CAMARA

   Firmado por: A.P., JUEZ DE CÁMARA

   Firmado por: E.P., SECRETARIA DE CÁMARA

   Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A

   prescindió de lo dispuesto por el régimen específico que corresponde al impuesto en cuestión. Que el a quo se limitó a reflexionar sobre pautas establecidas por la Corte Suprema de Justicia en el precedente citado “G., M.I.”, sin dar cuenta de que se trató de la sentencia de fondo y no en una medida cautelar, y atendiendo las especiales circunstancias del caso traído a su conocimiento, pero desconociéndose que nos encontramos frente a una ley vigente, sancionada por el Congreso de la Nación, de conformidad con los procedimientos que la Constitución Nacional contempla, órgano a través del cual el Estado ejerce el poder de imperio en materia tributaria. Que desconocer eso, importaría una lesión a los principios de legalidad (art. 19 CN); división de poderes (art. 1 CN), derecho de defensa en juicio y garantía del debido proceso legal (art. 18 CN).

   Expresó que debe tenerse especialmente en cuenta que siendo lo pretendido una medida cautelar dirigida contra actos de la Administración, la verosimilitud del derecho debe analizase con suma rigurosidad.

   Indicó que la valoración efectuada por el magistrado a quo, respecto al requisito de verosimilitud del derecho resulta dogmática e insuficiente, ya que no se encuentra debidamente sustentada en las circunstancias de hecho acreditadas en el expediente mediante la prueba que se encuentra a cargo de la parte que pretende ser excluida del régimen legal, no resultando adecuado efectuar una simple remisión a la situación de hecho que la Corte tuvo por probada en “G..

   Agregó que el Máximo Tribunal ratificó

   que la jubilación a los fines tributarios es ganancia y puede ser gravada en función de la capacidad contributiva Fecha de firma: 12/04/2022 económica, excepto que existan condiciones concretas y Alta en sistema: 13/04/2022

   Firmado por: F.L.B., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: E.I.V., JUEZA DE CAMARA

   Firmado por: A.P., JUEZ DE CÁMARA

   Firmado por: E.P., SECRETARIA DE CÁMARA

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   probadas en el proceso de vulnerabilidad, que permitan “…

   distinguir algunos jubilados, pensionados, retirados o subsidiados de otros…” (Consid. 8 del precedente “G.”).

   Consideró que corresponde la revocación de la medida cautelar, toda vez que no se halla en absoluto acreditado el fumus bonis iuris, ya que la pretensión no tendría asidero ni en la ley, ni en el precedente G., y menos con la especial rigurosidad que se exige en casos como el presente, en que la medida precautoria va dirigida contra la actividad legislativa, o actos de la Autoridad Pública,

   hallándose comprometida además la percepción misma de la renta fiscal.

   Se agravió de la resolución en revisión,

   en cuanto no individualizó el acto o conducta de la Administración que trasluciría “arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta”. Agregó que en nuestro sistema jurídico, la regla indica que no proceden las medidas cautelares contra decisiones emanadas del Estado que tienen por objeto satisfacer el interés público (art. 195 del CPCCN). Que esa restricción es lógica, porque si el interés público tiene preeminencia sobre el interés privado, no se puede postergar la satisfacción de aquél por preservar una lesión potencial de éste.

   Aseveró que en el caso tampoco se demostró la existencia de peligro irreparable en la demora,

   lo que sumando a la inexistencia de verosimilitud en el derecho, tornaría doblemente improcedente la medida cautelar despachada. Agregó que no se acreditó que el cumplimiento de la carga impositiva pueda colocar al actor en una situación que torne ineficaz o tardío un eventual pronunciamiento definitivo, favorable a sus pretensiones y que de no hacer Fecha de firma: 12/04/2022 la medida solicitada lugar a se irrogaría un perjuicio cuya Alta en sistema: 13/04/2022

   Firmado por: F.L.B., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: E.I.V., JUEZA DE CAMARA

   Firmado por: A.P., JUEZ DE CÁMARA

   Firmado por: E.P., SECRETARIA DE CÁMARA

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   ulterior reparación fuera imposible por ineficacia de la sentencia favorable.

   Aseveró que en el caso de autos no existe acto u omisión al que pueda endilgarse “arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta”. Que tanto la actividad legislativa como la administrativa atacada fue realizada por Organismos del Estado con competencia y en ejercicio...