Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 13 de Julio de 2021, expediente CAF 014583/2020/1/CA001
| Fecha de Resolución | 13 de Julio de 2021 |
| Emisor | Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II |
Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II
Buenos Aires, 13 de julio de 2021.-
VISTOS estos autos 14.583/2020/1 caratulados “Incidente N° 1 - Actor:
K.S. Demandado: EN - M° Desarrollo Productivo - Secretaría Industria Economía del Conocimiento y Gestión Externa y otro s/Inc. apelación” y CONSIDERANDO:
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Por resolución del 18/12/2020, el señor juez de grado admitió parcialmente la medida cautelar solicitada por K.S. y, en consecuencia, ordenó a la AFIP - DGA que se abstuviera de requerirle a la nombrada firma la presentación de las declaraciones en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) identificadas con los números “20 001
SIMI 328736 P” y “20 001 SIMI 331140 V” con el estado “Salida” y la autorización de la Licencia No Automática (LNA), establecida por resolución conjunta general 4185-E/2018 y en la resolución SC 523-E/2017 y, en consecuencia, permitiera la oficialización de los despachos de importación antes referidos, su tramitación, la liberación a plaza y la comercialización de la mercadería involucrada y su comercialización.
Dejó sentado que lo decidido no obstaba a que,
despachada a plaza la mercadería, se continuara con el trámite de oficialización de la declaración aludida.
Fijó una caución real de $100.000 (cien mil pesos).
Para así decidir, tras reseñar las circunstancias que han de verificarse a fin de que se admitiera el pedido precautorio y el alcance de las normas cuestionadas, el señor juez de grado advirtió que la resolución conjunta general 4185-E/2018 únicamente introdujo algunas modificaciones respecto del sistema anterior y que el nuevo SIMI no difería en cuanto a su forma y finalidad con los regímenes anteriores, creados tanto por las resoluciones generales AFIP 3252/2012, 3255/2012 y 3256/2012, como por la resolución general AFIP 3823.
Por tal razón, consideró que con relación a las declaraciones SIMI por las que se reclamaba, correspondía adoptar una solución similar a la que fuera expuesta al tiempo de expedirse en otras causas respecto de licencias no automáticas.
Explicó que el instituto en cuestión presentaba analogías con el de las declaraciones juradas anticipadas de importación que había Fecha de firma: 13/07/2021
Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA
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sido establecido por medio de las resoluciones generales AFIP 3252/2012,
3255/2012 y 3256/2012, sustituido por el vigente SIMI.
Ello, continuó el juez de grado, justificaba a su entender el criterio que fuera expuesto al analizar los planteos efectuados contra las normas precedentemente citadas, en tanto el mencionado Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones no difería en cuanto a su forma y finalidad con los regímenes anteriores.
Aclarado ello, señaló que el 1/10/2020 y 3/10/2020 la actora había oficializado las declaraciones SIMI identificadas con los números “20 001 SIMI 328736 P” y “20 001 SIMI 331140 V”; que de conformidad con las impresiones de pantallas acompañadas, se encontraban observadas por la Secretaría de Comercio desde el 2/10/2020 y el 4/10/2020; y que, sin perjuicio de lo que correspondiera resolver con respecto al fondo de la cuestión, al tiempo de dictarse sentencia definitiva,
no se les había otorgado, dentro de los plazos fijados al efecto, el estado de “salida”.
Por tal motivo, concluyó que la pretensión efectuada por la actora, se sustentaba en un derecho verosímil, debiendo ponderarse que también se encontraba configurado el requisito del peligro en la demora, lo que habilitaba a acceder al dictado de la medida cautelar requerida, en tanto la paralización de la importación podría acarrear una pérdida de muy dificultosa reparación, toda vez que la conducta de las dependencias estatales intervinientes impedía la comercialización y el recupero del flujo de negocios, encontrándose -así- cumplidos los recaudos exigidos por los artículos 4 y 13, inciso 2, ambos de la ley 26.854.
Luego, desestimó la pretensión vinculada a que se declarara la inaplicabilidad de las Comunicaciones BCRA “A” 7030 y sus modificatorias y se autorizara el acceso al mercado local de cambios para la compra de dólares estadounidenses, ello en tanto la autoridad cambiaria no fue demandada en autos.
Finalmente, estableció, conforme las previsiones del artículo 5° de la ley 26.854, como límite de vigencia de la medida cautelar concedida el plazo de seis meses y fijó la ya apuntada contracautela, en los términos de los artículos 10 de la ley 26.584 y del artículo 199 del CPCCN,
teniendo en cuenta las circunstancias expuestas en este pronunciamiento, la naturaleza de la cuestión planteada y, en especial, el hecho que los Fecha de firma: 13/07/2021
Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA
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regímenes instaurados por las resoluciones examinadas no ponían en juego cuestiones tributarias y/o arancelarias, sino que habían sido establecidos sólo con carácter informativo para efectuar un control y seguimiento de las importaciones de que se trataba; y que la suspensión de las resoluciones en cuestión no se presentaban como susceptibles de generar un daño o menoscabo patrimonial de gravedad.
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Disconforme con lo resuelto, el 29/12/2020, la AFIP -
DGA interpuso recurso de apelación, fundando su pretensión el 5/2/2021.
Sostuvo que lo ordenado por el pronunciamiento apelado configuraba una obligación de imposible cumplimiento, ya que no poseía ni las herramientas informáticas ni las facultades de actuar conforme fuera decidido.
Explicó que el único organismo capacitado a tal fin resultaba ser la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa (SIECyGCE), por lo que -en todo caso- la orden debía ser dirigida exclusivamente hacia dicha repartición.
Destacó que los cuestionamientos formulados por la actora no versaban sobre ningún hecho reprochable a su parte, ni tampoco respecto de la legalidad, constitucionalidad o razonabilidad de las resoluciones que dictara.
Consideró que, en la especie, no se encontraban acreditados los recaudos previstos en el artículo 13 de la ley 26.854 a efectos de disponer la cautelar concedida; en particular, por no haberse demostrado el supuesto perjuicio que ocasionaría la normativa en cuestión,
ni la verosimilitud del derecho invocado.
Indicó que el cuestionamiento efectuado se centraba en una supuesta demora de la SIECyGCE y la falta de comunicación de los motivos por los cuales se habría observado la declaración jurada los SIMI
involucrados; cuestiones que resultaban ajenas a su competencia,
respondiendo las observaciones formuladas a las operaciones aduaneras a directivas propias de la nombrada repartición estatal.
Manifestó que lo decidido le impedía cumplir con las funciones que el ordenamiento vigente le asignara, relativas al control internacional de mercaderías.
Fecha de firma: 13/07/2021
Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA
Tildó de contradictorio lo decidido, en tanto -por un lado-
se reconoció expresamente que la demora en expedirse respecto de las causales de las observaciones resultaban atribuibles a otro organismo estatal, y -por otro- se la obligó al cumplimiento de una manda cautelar que le impedía el normal ejercicio de las atribuciones propias, debidamente reglamentadas por las resoluciones cuestionadas.
Destacó que las normas que dictara no fueron abordadas por el pronunciamiento apelado y recordó el alcance del principio de legalidad, así como el alcance de la revisión judicial de los actos administrativos.
Respecto de la verosimilitud del derecho, tras explicar,
con referencia al decreto 618/1997, su función y potestades, afirmó que -en la especie- no se incurrió en ilegalidad o arbitrariedad alguna, resultando las resoluciones generales que dictara, de orden técnico-comercial, dando acabado cumplimiento a todos los recaudos legales y procedimentales existentes.
Recordó que el objetivo de la resolución 4185/2018
resultaba ser la implementación del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), que no podía ser asimilado al Régimen de Declaración Jurada Anticipada de Importación instaurado por la resoluciones AFIP 3252,
3255 y 3256/2012, actualmente derogado; y que la resolución 523-E/2017
estableció la gestión de las solicitudes de destinación de importación definitiva para consumo, sometida a la tramitación anticipada de licencias previas de importación de carácter automático y/o no automático, que se fundamentaba en las disposiciones del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación (definido por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y aprobado por la ley 24.425) así como también en las del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Anexo I del Tratado de Asunción aprobado por la ley 23.981 y el Tratado de Montevideo de 1980 aprobado por la ley 22.354.
Explicó el mecanismo para tramitar las solicitudes de Licencias Automáticas de Importación y las Licencias Automáticas de Importación, procedimientos establecidos en pos de efectuar un seguimiento y control de las importaciones; destacando al efecto que no podía ser considerada como una ilegítima imposición del tipo de una barrera no arancelaria, sino como una mecánica que permitía dotar a los órganos de Fecha de firma: 13/07/2021
Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA
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aplicación, de las herramientas legales de política fiscal necesarias para materializar sus metas.
Alegó que la normativa atacada resultaba conteste con...
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