Incendios en el delta del Paraná: la decisión de un fiscal que podría dar un giro a una causa por las quemas

Los incendios se produjeron el 14 de agosto de 2022 en la zona del arroyo Los Laureles, en Entre Ríos

ROSARIO.- Desde principios de 2020 hasta este año inclusive, la bajante del Paraná , la prolongadísima sequía que aún afecta la zona central del país y el uso del fuego como herramienta de manejo para extender el terreno que se dedica a la ganadería en las islas dejaron miles de hectáreas quemadas en el delta de ese río , un ecosistema de humedales valioso por los beneficios que aporta, donde el control estatal suele estar ausente.

En el marco de las diferentes causas que tanto la Justicia Federal como las provinciales de Entre Ríos y Santa Fe tramitan para intentar determinar responsabilidades y asignar penalidades por los incendios, a principios de este mes se conoció una decisión del fiscal general de Paraná, José Ignacio Candioti, de rechazar un pedido de probation en beneficio de Rodolfo Herrera, Daniel Herrera y Adán Herrera, tres apicultores entrerrianos que fueron imputados por haber iniciado quemas intencionales en islas ubicadas frente a Villa Constitución hace poco más de un año.

La argumentación

Para Candioti, en este caso la imputación está atada a conductas "que derivaron en incendios con peligro para el bien común". "El conflicto penal suscitado tiene entidad y gravedad suficiente para ser resuelto a través de un juicio oral y público ", explicó el profesional en un documento publicado el 6 pasado, en el que recuerda que la imputación a estos tres hombres es por haber provocado un incendio intencional y quema de pastizales, el 14 de agosto de 2022 en la zona del arroyo Los Laureles , en jurisdicción entrerriana, cuando la policía de esa provincia los vio con "horquilla, pala y baldes".

Esa conducta, según el fiscal, fue violatoria del artículo 186, inciso 1º, del Código Penal -que prevé penas de hasta 10 años de prisión - por causar un incendio "cuando hubiera peligro común para los bienes" . "No puede soslayarse que se trata de un delito cuyo bien jurídico protegido es la seguridad pública frente a actos que la pongan en peligro", argumenta Candioti en su texto.

Protección de la naturaleza

A la hora de justificar su decisión, el fiscal general de Paraná alegó que cuando se trata de hechos cometidos (en este caso, las quemas) en áreas protegidas como los humedales, se hace referencia a un delito cuyo bien jurídico protegido es la seguridad pública. Candioti recordó que los humedales son ecosistemas caracterizados por...