Imputaron al juez Bonadio por una denuncia del FPV

El juez federal Claudio Bonadio, que debe resolver en las próximas horas si procesa a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa por la venta de dólar futuro, enfrenta desde ayer una causa penal que lo tiene como imputado.

El fiscal federal Jorge Di Lello promovió ayer que se investigara una denuncia presentada contra Bonadio por un grupo de diputados del Frente para la Victoria, que acusaron a Bonadio y al nuevo presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger, de haber sido ellos los culpables del perjuicio al Estado que provocó esta venta de dólares.

Di Lello presentó ayer su requerimiento de instrucción (documento que abre formalmente la causa) contra ambos denunciados y pidió las 13 primeras medidas de prueba para avanzar en esta nueva investigación.

Esas medidas incluyen que se obtenga una lista completa de todos los que operaron con dólar futuro desde octubre del año pasado y que se cite a declarar a una veintena de personas, incluidos la ex presidenta Kirchner y su ministro de Economía Axel Kicillof. "Sólo en cuanto a aquellos aspectos que no afecten sus garantías constitucionales", aclaró el fiscal. El problema es que por los mismos hechos que Di Lello pide que declaren como testigos ya declararon como acusados en el juzgado de Bonadio, que ahora debe resolver si los procesa.

De hecho, esta denuncia de los diputados kirchneristas formó parte de la estrategia defensiva de Cristina Kirchner el día que declaró en el juzgado de Bonadio. La nueva denuncia se presentó en la misma fecha y la ex presidenta la citó como uno de sus argumentos para sostener el pedido de que el juez fuera apartado de la causa.

Los diputados denunciantes son Héctor Recalde, Nilda Garré, Diana Conti, Carlos Kunkel, Teresa García, Luis Cigogna, Juliana Di Tullio, Carlos Moreno, Marcos Cleri y Rodolfo Tahilade. Todos ellos, representados por Carlos Beraldi, el defensor de Cristina Kirchner en el expediente de Bonadio.

La ex presidenta, además, pidió ser aceptada como querellante en esta nueva causa.

De acuerdo con la presentación de ayer de Di Lello, lo que pidieron investigar los diputados es una posible "administración infiel en perjuicio de la administración pública" que se habría realizado "al haberse modificado las condiciones en que fueron celebrados los contratos denominados de dólares a futuro en perjuicio de los intereses estatales y en favor de particulares".

Las acusaciones

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