Impunidad asegurada por ley

Cuando resta que la Justicia determine las responsabilidades del accidente ferroviario en Once, en el que hubo 51 muertos y más de 700 heridos, el Congreso deberá analizar un aspecto clave del proyecto de reforma y unificación de los códigos civil y comercial, es decir, de la ley que rige los efectos jurídicos de las vidas de las personas.El punto en estudio es sumamente polémico, pues se refiere a la responsabilidad de los funcionarios del Estado. La comisión de expertos, que redactó el anteproyecto de reforma de esos códigos, integrada por los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, y por Aída Kemelmajer de Carlucci, ex miembro del máximo tribunal mendocino, estableció que el funcionario o empleado público "es responsable por los daños causados a los particulares por acciones u omisiones que implican el ejercicio irregular de su cargo" y que esas responsabilidades son "concurrentes" con las del propio Estado.Sin embargo, cuando el anteproyecto llegó al Poder Ejecutivo (PE), esos términos fueron modificados por otros que, en los hechos, terminan diluyendo aquella responsabilidad. El nuevo texto propuesto por el PE dispone ahora que esas acciones de los funcionarios públicos "se regirán por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponda". Es decir, deja librados los presupuestos y alcances de la responsabilidad de los funcionarios a una futura legislación, que todo apunta a asegurar que será menos gravosa para aquellos, si se tiene en cuenta que ?también por iniciativa del PE? se excluyó en el anteproyecto original la posibilidad de imponer sanciones conminatorias pecuniarias a los funcionarios que no cumplen con una resolución judicial, a lo que cabe agregar el reciente decreto del Ejecutivo que limita la responsabilidad de los funcionarios públicos que actúen como directores en representación del Estado en empresas privadas en que este último tenga participación accionaria.En otras palabras, el PE no aceptó mantener los principios que fueron receptados por el anteproyecto de la comisión de expertos, lo que implica dar un paso atrás en el juzgamiento de las acciones de los funcionarios públicos.Hoy, por ejemplo, un damnificado de la tragedia de Once puede accionar contra los particulares concesionarios del servicio y contra el Estado.Ante esos actores se puede hasta hoy reclamar un resarcimiento civil por los daños sufridos. Con la modificación propuesta por el PE se desdibujarán de...