IGJ: polémico 'premio' a una funcionaria

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Rodolfo Tailhade, premió con medio millón de pesos a la funcionaria que pasó a ocupar el puesto clave en ese organismo, que se encontraba vacante desde que su titular fue desplazada por negarse a convalidar el "cepo" informativo por elhttp://www.lanacion.com.ar/el-caso-de-la-ex-imprenta-ciccone-t47923, que también incluyó el robo o pérdida de los legajos de The Old Fund, de la ex imprenta Ciccone Calcográfica y de la firma London Supply.La designación recayó en Susana Graciela Junqueira, quien asumió al frente de la Dirección del Registro Nacional de Sociedades, tras un proceso que se plasmó en el expediente administrativo S04:0057251/2012, plagado de supuestas irregularidades y que ya derivó en la radicación de una denuncia penal por la presunta comisión de cinco delitos.http://www.lanacion.com.ar/1592763-boudou-5x2-cpo48-cum-iustruder-mena-ilit-decono-traer-olopreloprotegieron-a-boudou-con-un-ceal 1° de noviembre de 2012, aún cuando por entonces se desempeñaba como jefa del Departamento de Denuncias y Fiscalización de Sociedades Comerciales. Es decir que pasó a ocupar dos cargos y, además, cobró de manera retroactiva un segundo salario en la función pública, algo que está prohibido por ley.Sin embargo, la orden de pago siguió adelante, por cerca de medio millón de pesos, hasta contar con el visto bueno del Ministerio de Economía, lo que así quedó plasmado en el decreto de designación 1430/2013 que firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en septiembre pasado.El expediente administrativo incluye, de todos modos, otras presuntas irregularidades, según consta en la copia de esas actuaciones que obtuvo LA NACION.Como parte de ese proceso, por ejemplo, Junqueira debió firmar una declaración jurada en la que afirmó que su eventual designación no vulneraba la ley marco de Regulación del Empleo Público, aún cuando la incumple, ya que supera la edad prevista en la ley previsional para acceder a la jubilación.Por ese mismo motivo, Junqueira obvió someterse a un nuevo análisis de aptitud psicofísica. Por el contrario, presentó un certificado fechado en 1979, es decir, de hace 34 años, cuando accedió por primera vez a la administración pública.Sin embargo, no fueron las únicas inconsistencias. Junqueira también juró que no se encontraba en ninguna de las incompatibilidades previstas por el decreto 8566/61, que establece el régimen para acumulación de cargos y funciones en la administración pública...