Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 17 de Agosto de 2023, expediente FBB 005177/2019

• Fecha de Resolución: 17 de Agosto de 2023
• Emisor: CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA

Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 5177/2019/CA1 – S.I.–.S.. 3

Bahía Blanca, 17 de agosto de 2023.

VISTO: Este expediente nro. FBB 5177/2019/CA1, caratulado: “HUMAN, Laura

Beatriz y otros c/ Estado Nacional Ministerio de Seguridad y otro s/ Suplementos

Fuerzas Armadas y de Seguridad”, proveniente del Juzgado Federal de Santa Rosa,

para resolver el recurso de apelación interpuesto a f. 71 contra la sentencia de f. 70.

La señora Jueza de Cámara, S.M.F., dijo:

1ro.) En lo que aquí interesa, a f. 70 el a quo hizo lugar a la

demanda interpuesta por L.B.H., A.H.I., Ariel Ángel

Falgari, G.A.P. y R.A. contra el Estado Nacional – Ministerio

de Seguridad – Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal y, por

ser personas retiradas y residentes en la provincia de La Pampa, declaró su derecho a

incorporar a su haber de retiro la bonificación prevista por el art. 1 de la ley 19.485,

sus modificatorias y reglamentarias; con costas a la demandada vencida.

2do.) Contra dicha decisión, apeló la parte demandada a f. 71 y

a fs. 74/80 expresó agravios.

En dicha ocasión, sostuvo que el beneficio previsto en el art. 1

de la ley 19.485 alcanza exclusivamente a los beneficiarios del sistema previsional, no

así al personal militar en situación de retiro o a quienes perciben un beneficio

previsional de las Fuerzas Armadas, por no estar así dispuesto en la normativa que

dispone tal beneficio. Agregó que, según lo resuelto en la instancia de grado, se

confunden los sistemas previsionales y se asimila jubilación con retiro militar.

Asimismo, se agravió por la imposición de costas decidida en la

instancia de grado, así como de la prescripción bienal –la que consideró debería ser

anual–, se quejó de que se haya omitido señalar la obligación de previsionar la suma

que resulte para el pago por parte del Estado.

3ro.) Corrido el traslado de ley, la parte demandada contestó

agravios, propiciando el rechazo del recurso (fs. 82/85).

4to.) Ingresando a decidir, debo señalar que en las presentes

actuaciones la parte actora solicitó se condene a la demandada a abonar el beneficio de

la ley 19.485 –adicional por zona austral–, con el respectivo retroactivo.

5to.) La cuestión a decidir radica en determinar si el adicional

por zona austral creado por ley 19.485 solo alcanza a los sujetos cuyos haberes son

Fecha de firma: 17/08/2023

Alta en sistema: 18/08/2023

Firmado por: P.A.C.M., Juez de Cámara Firmado por: S.M.F., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: Florencia Guariste, Prosecretaria de Camara #33495192#379199530#20230817120847738

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abonados por la ANSeS o también incluye a otros que los perciben en regímenes

especiales, como es el caso de las Fuerzas Armadas.

6to.) El derecho al coeficiente de bonificación por Zona Austral

surgió en el año 1972 a través de la ley 19.485, la que luego tuvo un cambio sustancial

a través del DNU 1472/2008.

En cuanto al propósito y fin de la creación de dicho coeficiente,

en el mensaje de elevación1 de la ley 19.485 se consignó que la legislación tiene por

objeto “coadyuvar al programa de afincamiento y crecimiento demográfico de la

región sur del país, posibilitando su desarrollo regional y atendiendo

prioritariamente las necesidades sociales del área derivadas del mayor costo de vida”

USO OFICIAL

y, por la otra, que en los considerandos del citado DNU 1472/2008 se ratificaron tales

propósitos, manifestando que, efectivamente, “han permitido coadyuvar al programa

de afincamiento y crecimiento demográfico, posibilitando el desarrollo regional y

atendiendo a las necesidades sociales” de la zona beneficiada, “resultando oportuno

[…] producir una mejora en el coeficiente de bonificación previsto […], dando así

una mejor cobertura a los jubilados y pensionados que residan en dichas zonas”.

Además, el citado DNU propició habilitar créditos

presupuestarios “que permitan, entre otros aspectos, el normal funcionamiento de

[las] entidades y jurisdicciones del Estado Nacional y la atención, en tiempo y forma,

de las demandas de la sociedad hacia el Estado, como planes sociales y educativos,

planes de infraestructura y obras de saneamiento, atención de jubilaciones y

pensiones, entre otros”, e incrementó el crédito presupuestario de la Caja de Retiros,

Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal (consid. 24vo. y art. 14, ambos del

DNU 1472/2008).

7mo.) La redacción original del art. 1 de la ley 19.485 señalaba:

Establécese el coeficiente de bonificación 1,20 para las jubilaciones y pensiones y

las prestaciones mínimas que las Cajas Nacionales de Previsión abonen [en la zona

beneficiada]

.

Luego de la modificación operada por el art. 15 del DNU

1472/2008 pasó a señalar “Establécese el coeficiente de bonificación 1,40 para las

1

(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/7045416/19720218?busqueda=1).

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jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, graciables y la pensión

honorífica para veteranos de guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que se

abonan a los beneficiarios [en la zona beneficiada]”.

Así, la modificación del DNU 1472/2008 a la ley 19.485 generó

tres cambios sustanciales. A saber: eliminó toda referencia al organismo deudor al

suprimir del texto que regula las condiciones para acceder al beneficio a las “Cajas

Nacionales de Previsión”; incorporó específicamente a las pensiones no contributivas;

y aumentó el coeficiente de bonificación que pasó de 1,2 a 1,4.

De ello se sigue que al eliminar del art. 1 de la ley a las “Cajas

Nacionales de Previsión” o cualquier otro organismo deudor, sin sustituirlo por

USO OFICIAL

ninguna referencia al organismo que en la actualidad o en el futuro cumpliera la

función que había sido encomendada a esta, ha sido entendido como una decisión

legislativa para establecer lisa y llanamente el derecho de todo beneficiario de una

prestación previsional de jurisdicción nacional a percibir la bonificación, siempre que

resida en la zona delimitada.

Y, la incorporación de las "pensiones no contributivas", refleja

que la falta de contribución al fondo estatal no resulta óbice a la hora de abonar tal

beneficio, toda vez que su implementación es de carácter universal para todas aquellas

personas que residan en los territorios que menciona la norma.

8vo.) Por otra parte, el beneficio compensatorio en cuestión se

circunscribe en el marco de la Seguridad Social (v. mensaje de elevación de la ley

19.845 del que surge que el beneficio de compensación “responde a la Política

Nacional N°45, aprobada por Decreto 46/70” que estructuró un sistema nacional de

seguridad social), con especiales principios de interpretación (particularmente en el

caso el de in dubio pro justitia socialis).

9no.) Una interpretación restrictiva del art. 1 de la ley 19.485

implicaría ubicar a los actores en una situación de desigualdad frente al resto de los

beneficiarios de pensiones y que conviven con él en una zona geográfica determinada

legalmente, que atenta contra las garantías constitucionales de los arts. 16 y 14 bis de

la CN, negándoles a unos lo que a otros se les reconoce en igualdad de condiciones.

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10mo.) Así, partiendo de una interpretación “in terminis” del

precepto y de la postura seguida por esta Cámara inveteradamente2 (teniendo su origen

en el precedente “COSCIA, J.C.c./ S.P.F. s/ Ordinario”, expediente nro.

67.224, del 4/12/2012 de la Sec. 1, sentencia incorporada al Protocolo de Sentencias

de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Tomo 551I, pp. 1618), la

única exigencia prevista por la norma para ser acreedor del adicional por zona austral,

es ser beneficiario de una prestación previsional de jurisdicción nacional y estar

radicado en la zona beneficiada.

11vo.) En el sub exámine ambas circunstancias surgen de la

documental acompañada en demanda y el informe de la Secretaría Electoral de f. 52;

USO OFICIAL

lo que genera convicción acerca de que es allí, en la provincia de La Pampa, donde los

actores tiene la radicación requerida por la ley 19.485.

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