Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 19 de Abril de 2021, expediente COM 030174/2018/CA002
| Fecha de Resolución | 19 de Abril de 2021 |
| Emisor | Camara Comercial - Sala F |
Poder Judicial de la Nación Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial – S. F
HSBC BANK ARGENTINA S.A. c/ MARFELLA, VICENZO s/EJECUTIVO
EXPEDIENTE COM N° 30174/2018 SIL
Buenos Aires, 19 de abril de 2021.
Y Vistos:
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Viene apelada por el ejecutado, la resolución de fecha 30/9/2019 mediante la cual la Sra. jueza de grado rechazó las excepciones de falsedad e inhabilidad de título opuestas y, por ende, mandó llevar adelante la ejecución hasta hacerse al banco acreedor íntegro pago de la suma de $
212.297,30 con más sus intereses y costas.
Los fundamentos del recurso fueron expuestos mediante la presentación que data del 22/10/2019, los que fueron respondidos en fecha 11/11/2019.
De su lado, la Sra. Fiscal General ante esta Cámara emitió
dictamen en fecha 5/2/2021, en el que propició la revocación del USO OFICIAL
pronunciamiento en crisis.
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i) Es preciso indicar liminarmente, en línea con lo concluido por la Sra. Fiscal General, que esta S. aprecia prima facie la verificación en el sub lite de una relación de consumo.
Dispone el art. 1 de la Ley 26.361, en su parte pertinente: “La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario,
entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social…”. Luego, en el artículo que le sigue, define al proveedor como “…la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción,
F. de firma: 19/04/2021
Alta en sistema: 20/04/2021
Firmado por: M.J.M., PROSECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: A.N.T., PRESIDENTA DE LA SALA F
Firmado por: R.F.B., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: E.L., JUEZ DE CAMARA
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transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios”.
Pues bien, aquí la demanda ha sido entablada por una entidad bancaria, que se dedica profesionalmente a otorgar créditos, contra una persona física. El capital comprometido asciende a $ 212.297,30.
Tales particulares circunstancias que exhiben los contendientes,
así como el alcance cuantitativo del crédito permiten subsumir a la actora y al demandado dentro de los conceptos de proveedor y consumidor,
respectivamente, definidos por los citados artículos 1 y 2 LDC.
Por ello también es posible inferir que, en el caso, el pagaré
cuya ejecución se pretende instrumentó la financiación de una operación de consumo, de conformidad con lo postulado en el Acuerdo Plenario por Autoconvocatoria de esta Cámara (Expte. n° S.2093/09) de fecha 29 de junio de 2011. Se dijo en aquella oportunidad que en un juicio ejecutivo, iniciado con sustento en un título cambiario, es válido presumir, a partir de la calidad USO OFICIAL
de las partes involucradas en las actuaciones, que el vínculo que subyace puede encuadrarse en una operación de crédito para el consumo regida por el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor -cierto que para habilitar la declaración de oficio de la incompetencia territorial con fundamento en lo dispuesto en la misma norma-.
Así, entonces, no cabe duda en el caso sobre la procedencia de su estudio desde el prisma del mencionado artículo 36 LDC.
ii) Ahora bien, el cuestionamiento sustancial gira en torno de la prevalencia que el recurrente le asigna a la Ley Defensa del Consumidor por sobre la normativa de las obligaciones cartulares; siendo que el banco actor sostiene que la naturaleza abstracta del pagaré impide ingresar en el análisis de la causa de fondo.
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iii) En primer término es preciso señalar que la problemática del financiamiento para el consumo debe abordarse desde una perspectiva integral. Ello en tanto que la discusión incluye necesariamente y de modo preeminente el plano normativo pero no se agota en él, pues requiere ampliar el debate para brindar un cabal entendimiento del conflicto que buscó atender el legislador.
Una madura comprensión del carácter social y científico del tema, que trasciende al análisis exclusivamente jurídico para integrarse con los datos aportados desde el campo de la economía y la sociología que coadyuvan a la adulta comprensión del marco social en el que han de verificarse las decisiones del consumidor con vistas a un endeudamiento razonable.
En efecto, la especial relevancia del artículo 36 LDC reside en su función preventiva, como medio para combatir la vigente temática del sobreendeudamiento del consumidor. Constituye la herramienta USO OFICIAL
especialmente seleccionada desde el ámbito legislativo como medida de política económica. Y dicha solución se corresponde precisamente con la génesis del derecho del consumo que se erigió a partir de la necesidad de superar situaciones de desequilibrio que trajo aparejado la globalización, la masificación de los productos de consumo y la provisión de servicios entre otras circunstancias más profundas que son muy bien analizadas desde la óptica de la sociología (J.L.B., “Inhabilidad del pagaré de consumo y un pronunciamiento que dará que hablar”, LLBA2013 (agosto), 724; La Ley online: AR/DOC/2094/2013).
Es así que las disposiciones que tienen por fin la protección de los derechos de los consumidores, regulan ahora amplia y detalladamente el acceso al crédito y la información que debe proveerse al deudor.
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Puntualmente, el ámbito de aplicación del nuevo texto del citado artículo 36
LDC es más dilatado que el del reemplazado y ello resulta indicativo de la trascendencia que el legislador quiso dar a la solución que diseñó (conf. voto del Dr. B., en: CNCom., en pleno, “Autoconvocatoria a plenario s/
competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores” del 29/6/2011).
No puede desconocerse la difundida práctica de instrumentar en títulos circulatorios las operaciones que las entidades bancarias y financieras celebran con los consumidores, con independencia de la formalización con que, además, usualmente se practique del negocio (Ibídem). Y es justamente el empleo ante el consumidor de instrumentos pensados por comerciante y para comerciantes, el que da origen a la tarea hermenéutica aquí planteada.
Agréguese que las legislaciones extranjeras han llegado a: a)
prohibir la utilización de títulos cambiarios en las relaciones de crédito al consumo (Alemania y Francia); b) permitir su empleo con la indicación inequívoca de su origen (letra o pagaré de consumo), de modo que el tenedor esté anoticiado de las características del título que recibe, que posibilitará al firmante oponer las excepciones o defensas que hubiere tenido respecto del proveedor por la relación jurídica que origina la emisión de la cambial (Estados Unidos), y c) posibilitar al consumidor la oposición de defensas contra el tenedor basadas en las relaciones con el proveedor de los bienes o servicios (España) (M.Q., “La reforma del Régimen de Defensa del Consumidor por Ley 26.361”, A.A., coordinador, E.A.P., año 2008, pág. 113; citado en el voto ya referido del Dr.
B..
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