Los hijos de víctimas de femicidio tendrán en la Capital una asistencia económica

Cada femicidio siempre deja víctimas colaterales. La situación es especialmente crítica en aquellos casos en los que chicos y adolescentes no sólo quedan huérfanos de madre, sino con su padre preso como responsable del crimen. Para atender estas situaciones se aprobó ayer en la Capital una ley que dispone que, desde ahora, los hijos de las mujeres asesinadas recibirán, hasta cumplir 21 años, una "reparación económica" equivalente a una jubilación mínima mensual para acompañar su desarrollo.

Por unanimidad, la aprobó la ley Brisa, una iniciativa de la ONG La Casa del Encuentro, que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad presentó ante los ediles locales mientras el mismo proyecto avanza en el Congreso Nacional -en junio lo aprobó el Senado y lo giró a Diputados-. "Es un paso muy importante. Creemos que esto va a ayudar a que el Congreso también sancione", afirmó Alejandro Amor, defensor del Pueblo porteño.

La nueva norma establece como reparación económica el equivalente a una jubilación mínima (7246 pesos) y es compatible con otras percepciones monetarias preexistentes. Los beneficiarios deben vivir en la ciudad y tener menos de 21 años, aunque en el caso de chicos con discapacidad no hay límite de edad para percibir la recomposición económica. Las fuentes consultadas estimaron que hoy hay unos 50 menores en condición de recibir la prestación.

La ley de reparación alcanza, entonces, a los menores que son, a la vez, hijos de la víctima mortal de la violencia de género y de los hombres que sean procesados o condenados como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio agravado por el vínculo.

"En el recinto hubo un debate y hay todavía unos puntos más que nosotros vamos a acompañar", agregó Amor a LA NACION. Y se preguntó: "¿Qué pasa cuando una mujer viuda con hijos se pone en pareja y es este hombre el que la mata?"

Por el momento, según el texto de la nueva ley, estos chicos no podrían percibir la reparación económica. La legisladora del Frente para la Victoria (FPV) y presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, Andrea Conde, dijo a LA NACION: "Propusimos que se ampliara el beneficio a todos los hijos de las mujeres asesinadas en el contexto de un femicidio, sin importar si el acusado es o no padre de los menores". El planteo no prosperó.

"Sancionar esta ley es reconocer la violencia de género como un factor de desigualdad no sólo para quienes la sufren de manera directa, sino para sus hijos...