La gravedad institucional del caso Boudou

Desde hace diez días, Amado Boudou ostenta el vergonzoso galardón de ser el primer vicepresidente argentino en ejercicio . A raíz del affaire de la ex imprenta Ciccone, será por el juez federal Ariel Lijo.La gravedad institucional que entraña este caso radica no sólo en el alto rango del principal imputado, sino en los distintos actos con que se buscó encubrirlo. Basta recordar la forma en que, tras infundadas denuncias lanzadas por el vicepresidente, se forzó la renuncia del entonces procurador general de la Nación Esteban Righi, al tiempo que se removió al fiscal Carlos Rívolo, quien investigó el caso, y al primer juez que tuvo la causa, Daniel Rafecas. No menos graves resultan las sospechas sobre un reciente intento para apartar del expediente al actual juez interviniente.El colmo llegó con las últimas declaraciones de Boudou, quien, en una muestra de cinismo y desfachatez que deshonra su investidura y da cuenta de su sensación de impunidad, provocó al magistrado y acusó a los diarios Clarín y lLA NACION de estar detrás de las acciones del juez.Lijo acusó al vicepresidente de la República de haber adquirido de modo irregular la ex Ciccone Calcográfica, por entonces quebrada, junto con su socio José María Núñez Carmona, utilizando con ese fin a la sociedad The Old Fund, presidida por Alejandro Vandenbroele. El objetivo, según el juez, consistía en obtener contratos del Estado para que la imprenta hiciera negocios como la impresión de papel moneda, de documentación oficial y de boletas electorales del Frente para la Victoria, que llevó al poder a Boudou, compañero de fórmula de Cristina Kirchner en 2011.Para el magistrado, el afán de llevar adelante negocios ilegales en su beneficio y a costa del Estado perjudicó directamente los intereses nacionales. Funcionario de una ambición y una frivolidad desmedidas y sin escrúpulos, Boudou llegó al altísimo cargo que ocupa gracias al dedo presidencial.Para fundar la afectación de los intereses nacionales por parte de Boudou, el juez Lijo sostuvo: "Con la finalidad de que Ciccone Calcográfica sea contratada por el Estado nacional, Boudou habría interrumpido una licitación que tramitaba en Casa de Moneda, que permitía el autoabastecimiento de la producción de la totalidad de las demandas de billetes del Banco Central".Entre otras muchas disposiciones, la intervención de Boudou en el caso Ciccone ha violado por lo menos dos artículos del Código de Ética de la Función Pública, que data de 1999. Son los que...