El Gobierno traspasa la protección de testigos a una agencia autárquica

El Ministerio de Justicia insistirá en sacar de su órbita el programa de protección de testigos e imputados, ya que cuando asuma el nuevo presidente el organismo quedaría en manos del gobierno al que denunciaron los propios arrepentidos. Después de algunos vaivenes, evalúa pasarlo a una agencia autárquica.Hubo un primer intento hace quince días de entregar el Programa de Protección de Testigos a la Corte Suprema de Justicia y luego a la Cámara de Casación, pero los jueces de ambos organismos rechazaron esa tarea.Argumentaron que sus funciones son juzgar en las causas que llegan a su conocimiento y en todo caso valorar las declaraciones de los testigos protegidos y de los imputados que declaran como "arrepentidos", pero entre sus tareas no está velar por la seguridad de estas personas. No convenció a los jueces ni la atractiva carga con la que venía el programa, que consistía en más de 50 contratos,Actualmente se encuentran bajo el Programa de Protección de Testigos e Imputados unas 200 personas, la mayoría de ellas testigos protegidos y arrepentidos en casos de narcotráfico y secuestro extorsivo. Son personas de baja exposición y no presentaron mayores problemas.Pero hay algunas estrellas en el programa, por ejemplo los exfuncionarios kirchneristas "arrepentidos" que con sus declaraciones terminaron sumando pruebas para llevar a juicio a Cristina Kirchner y Julio De Vido, o condenar a Amado Boudou. Ellos son José López, exsecretario de Obras Públicas condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito por los bolsos con nueve millones de dólares; Alejandro Vandenbroele, que confesó haber actuado como testaferro de Amado Boudou para quedarse con la imprenta Ciccone, y su exesposa, Laura Muñoz, que aportó pruebas como testigo para descubrir el rol de su exmarido.Ellos siguen en el programa, pero preocupados por su futuro. Quien...