El Gobierno salió a desligar las críticas de Cristina del traspaso de los planes sociales, pero sigue la tensión interna

El presidente Alberto Fernández y los representantes de los movimientos sociales oficialistas.

Incómodo con el tema, y dos días después de las críticas directas de la vicepresidenta Cristina Kirchner hacia la "tercerización" de los planes sociales, el gobierno de Alberto Fernández salió a desligar esas críticas de la decisión del Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Juan Zabaleta de reorientar poco más de 180.000 planes Potenciar Trabajo , que manejan las organizaciones sociales, hacia entes gubernamentales como provincias e intendencias.

"Esos 180.000 son aquellos que se anotaron en el registro para recibir de otra manera los planes Potenciar. Son todos casos que se están evaluando", afirmó la portavoz Gabriela Cerruti en conferencia de prensa en Casa Rosada. "Esto se venía llevando adelante hace meses, esta información no es correcta", había dicho Cerruti un rato antes, en respuesta a las informaciones que ligaban la decisión del ministerio con las críticas de la vicepresidenta a las organizaciones sociales. Críticas que de manera unánime la acusaron-en la voz, por ejemplo de Fernando "Chino" Navarro - de no "entender lo que pasa en los barrios" al pedir que intendentes o gobernadores pasen a controlar planes sociales como el Potenciar Trabajo. Unos 1, 2 millones de planes que gestiona el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico , y que reciben tanto ese movimiento como otros oficialistas, como Somos Barrios de Pie, u opositores, como el Polo Obrero.

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Desde el Ministerio de Desarrollo Social también recordaron que el 29 de diciembre pasado se abrió el registro para que aquellos que deseen puedan realizar su "cambio de unidad de gestión" de los planes, en el que se anotaron, al 16 de junio según cifras a las que accedió LA NACION , 188.222 beneficiarios, la mayoría de ellos por cuestiones de mudanza (unas 15.000) o fundamentalmente por cambio de rubro de trabajo (117.000). Unos 56.000, con epicentro en la provincia de Buenos Aires, pidieron cambiar por distintas razones, entre ellas denunciando "irregularidades o aprietes", o pedidos de un "bono o contribución" por parte de organizaciones sociales que las gestionaban. "Eso lo tenemos que investigar uno por uno, ya se hizo el traspaso del 30 por ciento del total y seguimos avanzando", contestaron cerca del ministro, y...