El Gobierno quiere limitar el uso de fondos públicos en la campaña

Mientras avanza en la Cámara de Diputados el proyecto de boleta electrónica, el Gobierno define los detalles de su propuesta para encarar el segundo -y más delicado- capítulo de la reforma política, el del financiamiento de las campañas electorales.

Si bien la idea del oficialismo es buscar acuerdos con la oposición para la elaboración de la versión final del proyecto, el Gobierno está decidido a endurecer la regulación del uso de fondos públicos en la campaña. El borrador del proyecto, que podría presentarse en un mes, propone extender el plazo de prohibición, hoy de 15 días, para la realización y publicidad de actos de gobierno que puedan promover la captación del voto.

Es uno de los puntos salientes de la propuesta que, como ya reconoció el Gobierno, prevé también la habilitación de aportes de empresas, prohibidos desde la última reforma electoral, de 2009. La iniciativa, sobre la que trabaja el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, contempla además la bancarización y el control en tiempo real de las donaciones, y la ampliación del período de campaña.

Otro eje es el fortalecimiento de los controles sobre el origen de los fondos proselitistas, con el objetivo de evitar recursos provenientes del delito. Los siguientes 7 puntos son la base sobre la que trabajará el Gobierno en las próximas semanas para enviar un proyecto al Congreso:

Actos de gobierno. La regulación de los anuncios e inauguraciones, y de la publicidad oficial durante la campaña es una demanda recurrente de las fuerzas de oposición para dar mayor equidad al proceso electoral. El Código Electoral prohíbe, 15 días antes de las PASO y de las elecciones generales, la realización de "todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales". La intención del Gobierno es ampliar ese plazo y además sancionar a quienes usen fondos públicos con el objetivo de favorecer o perjudicar a un candidato, o para forzar a sus subordinados a participar de actividades de campaña.

Aportes de empresas. La ley de financiamiento de los partidos políticos prohíbe que las empresas hagan donaciones de cualquier tipo. El Gobierno propone rehabilitarlos pero mantener un límite para evitar que una empresa pueda "comprar una campaña". La idea de la Casa Rosada es que ninguna persona o empresa puede aportar más del 3 por ciento del total de lo permitido como donaciones privadas para una agrupación. Ese límite...