El Gobierno y la procuradora Gils Carbó avanzan directo hacia la confrontación

El gobierno de Mauricio Macri y la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, van directo a la confrontación. Sin canales abiertos de comunicación, la Casa Rosada espera que ella presente, de una buena vez, su renuncia. Si no, buscará desplazarla, pero no por la vía del juicio político. Y si eso ocurre -o incluso antes-, la jefa de los fiscales ya delineó su estrategia judicial, que llegará hasta Washington, según indicaron funcionarios del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público a LA NACION.

Macri y sus colaboradores consideran que Gils Carbó debió renunciar en diciembre de 2015. Afirman que es "impropia" de ocupar ese cargo, planteo que reforzaron con su procesamiento por presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en la compra de un edificio por $ 44 millones, que incluyó el pago de "comisiones exorbitantes".

"Su mejor opción es renunciar", indicó ayer la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, tras considerar que Gils Carbó "fue una pieza esencial para la impunidad de los corruptos", lo que ejemplificó con su actuación ante las investigaciones que apuntaban contra Lázaro Báez. "Una jefa de fiscales procesada por corrupción les hace más daño a la Justicia y al país", abundó.

Alonso llegó más lejos que el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien consideró "lógico" que, como mínimo, Gils Carbó "pida licencia mientras se resuelve su situación judicial" para, de ese modo, reducir la "situación de crisis institucional en cabeza de quien debiera ser garante de la persecución penal y la justicia en la Argentina". Elisa Carrió fue más a fondo al decir que "tendría que renunciar si fuera una persona con un mínimo de dignidad".

Sin embargo, Gils Carbó reafirmó ayer a sus colaboradores que no piensa renunciar, ni pedir licencia, y comparó su situación actual con dos antecedentes ocurridos durante el kirchnerismo. El primero, cuando la Cámara de Casación confirmó el procesamiento del actual presidente Macri -por entonces jefe de Gobierno porteño- en la causa por las escuchas ilegales; el segundo, la remoción del procurador santacruceño Eduardo Sosa, cuando los Kirchner gobernaban en el sur.

La alusión al caso Sosa distó de ser casual. En el Gobierno anticipan que, después de las elecciones buscarán la salida de Gils Carbó, pero no por la vía del juicio político, porque carecen de los votos requeridos en el Senado, sino con el impulso de una reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal.

Uno de los...