El Gobierno prepara otra maniobra para incumplir el fallo de la Corte y no pagarle a la Ciudad

El presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante una reunión por la pandemia, en 2020

El 1° de febrero termina la feria judicial de verano en los tribunales y se avecina el comienzo de una batalla campal ante la Corte Suprema de Justicia por los 1100 millones de pesos diarios de la coparticipación federal que la Nación debe pagarle a la Ciudad. La Casa Rosada prepara una ampliación de la recusación de todos los jueces de la Corte y un eventual pedido de nulidad del fallo que ordena pagar , mientras el gobierno porteño analiza nuevas presentaciones para cobrar y no descarta pedir a la Corte el embargo de las cuentas nacionales .

Todo este trámite tiene como telón de fondo el juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, promovido tras dictar la sentencia por la coparticipación y que tuvo como disparador la difusión de supuestos chats, obtenidos ilegalmente, entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño (actualmente de licencia) Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles , funcionario de la Corte y mano derecha del juez Horacio Rosatti .

La Casa Rosada apelará a ese vínculo para ampliar la recusación sobre los jueces de la Corte y -al menos- postergar el pago a la Ciudad. Como no puede utilizar los supuestos chats, invalidados como prueba por la Justicia, buscará acreditar el vínculo entre D’Alessandro y Robles por otras vías, con el fin de argumentar una relación indebida entre el máximo tribunal y una de las partes, el gobierno porteño.

En los tribunales entienden que justamente la promoción del juicio político tiene el objetivo de no pagar la sentencia, obturar el fallo de fondo o al menos demorarlo , ante la certeza de que el Gobierno lo promueve sin tener los votos necesarios como para aprobarlo en el Congreso.

El segundo objetivo que ven en los tribunales detrás de la promoción del juicio político a la Corte es el de generar temor en los jueces de la Cámara de Casación que deben resolver causas sensibles para Cristina Kirchner : en particular los camaristas Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, que deben decidir si confirman o no el sobreseimiento de la vicepresidenta en el caso Hotesur y Los Sauces y en el expediente sobre el Memorándum con Irán. También están en la mira los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos , que deben analizar si confirman o no la condena a seis años de prisión por corrupción en el caso de Vialidad .

Por lo...