El Gobierno le dio un fuerte respaldo a Otranto

El gobierno de siguió de cerca, minuto a minuto, la toma y el desalojo pacífico del juzgado federal de Guido Otranto. Significó un llamado de atención a futuro de una comunidad mapuche que se siente al margen de los derechos y obligaciones del Estado nacional. Para prevenir nuevos episodios, le dio todo el apoyo al juez y reforzó la seguridad en sus oficinas y en su domicilio particular.

Desde un primer momento, la prioridad fue no desalojarlos por la fuerza pública porque la Casa Rosada consideraba que los manifestantes estaban buscando "un muerto o un herido para cambiar el eje de la investigación". La ministra de Seguridad, , apostó en el juzgado al secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerio Público y Legislaturas, Gonzalo Cané, que se encontraba en Esquel. Así fue informada durante el día, pese a que Cané no participó de la negociación entre los mapuches y el juez Otranto.

Esta fue la primera muestra de apoyo fuerte de la Casa Rosada al magistrado que investiga la desaparición de Santiago Maldonado. "El Gobierno le dará un fuerte apoyo al juez, un respaldo institucional que es imprescindible para sostener el Estado de Derecho", dijo a LA NACION un funcionario de Macri.

"Este gobierno no es como el ex vicepresidente Amado Boudou, porque cree en el juez natural", señaló un ministro. Se refería a cuando el ex funcionario kirchnerista logró desplazar al juez federal Daniel Rafecas de la causa Ciccone. "Creemos que cambiar un juez porque una parte quiere imponer su carátula no está bien", dijo.

La toma del juzgado de ayer obedeció a que la comunidad mapuche Vuelta del Río, vecina de Pu Lof, exigía la renuncia de Otranto. Sostenían que el juez debió avisar antes de un allanamiento a sus territorios. Desde la Casa Rosada le enviaron el mensaje al juez de que dialogara: si no lo hacía, pagaba un costo; si lo hacía, sin renunciar ni ceder a los pedidos, iba a salir...