Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala M, 29 de Noviembre de 2023, expediente CIV 012154/2019/CA001
| Fecha de Resolución | 29 de Noviembre de 2023 |
| Emisor | Camara Civil - Sala M |
Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA M
ACUERDO. En Buenos Aires, a los 29 días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés, hallándose reunidos los señores jueces de la Sala “M” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, D.. C.A.C.C., G.D.G.Z. y M.I.B., a fin de pronunciarse en los autos “G., A.M. c/
Ingrasciotta, J.A. y otro s/ daños y perjuicios”, expediente n° 12154/2019, el Dr. C.C. dijo:
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La sentencia dictada el 13 de junio de 2023 tuvo por acreditado que el día 27 de septiembre de 2017, mientras la accionante A.M.G. cruzaba a pie la intersección de las calles B. y V.G. de esta ciudad, fue atropellada por un automóvil Renault Logan que, bajo la conducción del demandado J.A.I., realizó un giro para doblar y tomar la calle que la accionante estaba cruzando.
Asimismo, decretó la responsabilidad civil del accionado y admitió la demanda entablada. En su mérito, condenó a J.A.I. a abonar a A.M.G. la suma de $4.744.000 con más intereses y costas procesales. Asimismo, hizo extensiva la condena a Caja de Seguros S.A., en forma concurrente y en los términos de los arts. 109, 110, 111, 118 y cctes. de la ley 17.418.
El pronunciamiento fue apelado por la parte actora, quien fundó su recurso el 6 de septiembre de 2023. Se agravió por los montos fijados en concepto de incapacidad sobreviniente y gastos de curación y futuros, así como también por las condiciones en las que se hizo extensiva la condena a la aseguradora.
También apelaron el demandado y la citada en garantía. En el escrito del 28 de agosto de 2023, se agraviaron por las sumas fijadas por incapacidad sobreviniente, tratamiento psicológico, gastos de curación y futuros y por daño moral,
como también por la tasa de interés aplicable.
Los traslados fueron contestados el 14 y el 18 de septiembre de 2023,
respectivamente.
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Aclaro, en forma previa a ingresar en el análisis de los agravios presentados, que los jueces no tienen el deber de analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, así como tampoco la totalidad de las pruebas producidas en los asuntos sometidos a su decisión, sino tan solo aquellas que sean conducentes y relevantes para poder brindar una solución a la cuestión planteada (art. 386 in fine Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), criterio que también ha sido sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en forma sistemática y reiterada desde hace ya varios años1. Asimismo, tampoco están obligados los magistrados a brindar tratamiento a todas las cuestiones expuestas que no resulten ser decisivas para la resolución de la causa.
1
V., entre otros: CSJN, 27/05/1964; “D.B. c/ S.A. Compañía Sansinena”, Fallos 258:304; íd,
28/07/1965, “S.R.L. F.G. y Tacconi c/ S.R.L. Madinco”, Fallos 262:222; íd, 06/12/1968, “Prudencia Cía.
Argentina de Seguros Grales. S.A. c/ Capitán y/o Propietario y/o Armador del B.R.. G., A. y otros”,
Fallos 272:225.
Fecha de firma: 29/11/2023
Alta en sistema: 30/11/2023
Firmado por: C.A.C.C., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: G.G.Z., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.I.B., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: A.P.R., SECRETARIO
Por otro lado, es conveniente explicar brevemente por qué, pese a algunos avatares legislativos, continúa plenamente vigente la doctrina plenaria elaborada a lo largo del tiempo por esta cámara. En efecto, si bien el art. 303 del Código Procesal Civil y Comercial había sido derogado por el art. 12 de la ley 26.853, en virtud del art. 15 de aquella norma tal disposición recién entraría en vigor a partir de la efectiva integración y puesta en funcionamiento de los tribunales que allí se crearon (Acordada 23/2013 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación). Ahora bien, esos tribunales nunca vieron la luz, y de hecho, el art. 4 de la ley 27.500 abrogó la ley 26.853 –con excepción de su art. 13– y reinstauró el recurso de inaplicabilidad de ley y la obligatoriedad de los fallos plenarios.
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Pasaré por lo tanto a examinar los agravios introducidos sobre las distintas partidas indemnizatorias.
a) Incapacidad sobreviniente El juez de grado otorgó la suma de $800.000 en concepto de incapacidad sobreviniente, correspondiente a la incapacidad vital.
La accionante se agravia, pues considera que la suma resulta insuficiente frente al detrimento de su integridad, los padecimientos que sufrió, el grado de incapacidad, sus circunstancias de vida –afirma ser una persona activa– y el daño provocado sobre su proyección laboral, social y de su vida de relación.
Los accionados, por su parte, critican el monto fijado por considerarlo elevado. Se agravian porque se hayan reconocido tareas “económicamente valorables” de las que la actora nada especificó ni fue probado, a la vez que se quejan por el uso de fórmulas matemáticas y porque se haya reconocido el daño psíquico con exclusiva vinculación con este hecho, por lo que peticionan su disminución.
Es importante mencionar que el Código Civil y Comercial vigente desde el 1º de agosto de 2015, legisló expresamente en el citado artículo 1746 sobre la indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica incapacitantes.
En pos de un adecuado tratamiento del presente rubro, corresponde tener presente que, bajo este concepto, se pretende resarcir la repercusión patrimonial que sufre la víctima producto de la minoración en sus aptitudes vitales, comprensivas de todos los ámbitos de su persona íntegramente considerada. Precisamente, partiendo de la premisa según la cual el cuerpo y la psiquis tienen condiciones suficientes para proporcionar a la persona un cierto grado de funcionalidad patrimonialmente valorable, el ordenamiento establece que toda alteración que repercuta negativamente en los intereses (patrimoniales)
relacionados a sus funciones vitales da lugar a su reparación (arts. 1737 y 1746, Código Civil y Comercial).
De tal modo, a la integridad psicofísica de la persona se le reconoce una aptitud, ya sea concreta o potencial, para satisfacer intereses económicos –a la par de extrapatrimoniales–, razón por la cual cualquier pérdida o aminoración de las potencialidades con las que contaba el afectado importa una incapacidad sobreviniente, la cual ha de ser apreciada de acuerdo a las particulares condiciones del damnificado 2. Así,
frente a una disminución de sus posibilidades de desarrollar actividades económicamente valorables, la persona, en tanto unidad económica, ha de ser resarcida. Por lo tanto, se 2
Z. de G., M., Resarcimiento de daños, 2ª ed., H., Buenos Aires, 1996, p. 342, n.° 90.
Fecha de firma: 29/11/2023
Alta en sistema: 30/11/2023
Firmado por: C.A.C.C., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: G.G.Z., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.I.B., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: A.P.R., SECRETARIO
Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA M
repara aquí el daño derivado del hecho de que, a partir de un determinado suceso, la víctima no cuenta con la posibilidad de poder emplear –ya sea total o parcialmente, de un modo transitorio o permanente– su integridad psicofísica para el desarrollo de actividades que tienen un valor económico. De tal modo, se persigue resarcir el perjuicio causado por la minoración en las aptitudes que representan “instrumentos de adquisición de ventajas económicas”3.
Cabe destacar que no se reconoce –pese a una reiterada y conocida afirmación en sentido contrario– un valor en sí mismo a la integridad de la persona, sino que lo que es objeto de la indemnización, en puridad, es el valor producto de la imposibilidad o dificultad de poder emplear la integridad personal para lograr beneficios económicos o realizar actividades mensurables en dinero4.
Es así, ciertamente, que la presente partida atañe a los intereses patrimoniales relacionados con la integridad psicofísica de la persona humana, lo que abarca –enfatizo– tanto a la faz laboral como a cualquier otra área de su vida de relación. El objeto de esta reparación, en efecto, no se restringe al trabajo o profesión, dado que, al margen de la productividad que se tenga en ese ámbito, también ha de considerarse, por un lado, la repercusión que la incapacidad apareja en la ya aludida vida de relación –
comprensiva de ámbitos tales como el doméstico y el social– y, por el otro, la chance futura de progresar en el trabajo en el que se desempeña u obtener otro mejor, o de conseguir uno si es que se encuentra desempleado5.
Es importante poner de resalto, al respecto, que si bien este impedimento o dificultad de ejercer funciones vitales puede repercutir tanto en la esfera patrimonial como en la extrapatrimonial de la víctima, en la incapacidad sobreviniente únicamente se comprende a la primera de las esferas mencionadas, pues lo contrario importaría yuxtaponer dicho concepto con el daño moral, a la vez que confundir la naturaleza del bien jurídico afectado con la índole del interés que se pretende resarcir 6. Esto se debe, aclaro, a que “el derecho no protege los bienes en abstracto, sino que lo hace siempre que esos bienes satisfagan necesidades humanas (intereses)”7.
Añado que, en cuanto a la carga de la prueba, al no haber aquí una excepción a la máxima affirmanti incumbit probatio, como principio incumbe al damnificado la prueba del perjuicio sufrido (art. 377, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; art. 1744, Código Civil y Comercial)8. Por ende, en lo que aquí concierne, la 3
B.A., J., Teoría general de la responsabilidad civil, 9ª ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, p. 234,
n.º 554.
4
P., S.–.S., L.R.J., Tratado de Derecho de Daños, La Ley, Buenos Aires, 2019, t. I, p. 439/440;
Z., E.A., El daño en la responsabilidad civil, Astrea, Buenos Aires, 1982, p. 110; B.A., J.,
op. cit., p. 233 y 236, n.º 554 y 555 bis.
5
CSJN, Fallos: 340:1038, 329:4944, 334:376, 308:1109, 312:752, entre muchos otros; C., P.N.–.T.R., F.A., Derecho de las obligaciones, 4ª ed., La Ley, Buenos Aires, t. IV, p. 637.
6
P., S.–.S., L.R.J., op. cit., t. I, p. 439/440; P., R.D.–.V., C.G., Tratado de...
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