Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA CIVIL, 12 de Abril de 2023, expediente FLP 026180/2022/CA001
| Fecha de Resolución | 12 de Abril de 2023 |
| Emisor | CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA CIVIL |
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA PLATA
La Plata, 12 de abril de 2023.
Y VISTOS: este expte. FLP 26180/2022/CA1
G., L.E. c/ AFIP s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad
, proveniente del Juzgado Federal de Lomas de Zamora Nº 3, Secretaría Nº
7.
Y CONSIDERANDO QUE:
El juez V. dijo:
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La demanda.
El señor L.E.G. promovió la presente acción a efectos de obtener un pronunciamiento judicial que invalide los artículos 1; 2 y 79 inciso c)
de la Ley de Impuesto a las Ganancias N° 20.628, con su respectiva retroactividad, intereses y costas a la demandada.
Sostuvo que la normativa cuestionada, en cuanto grava su jubilación, resulta inconstitucional por las razones que desarrolló en su presentación.
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El trámite.
El juez de primera instancia dispuso que la acción deducida tramitaría según las normas del proceso sumarísimo.
Posteriormente, y habiendo presentado la demandada su contestación ante el juzgado que luego se declaró incompetente, el a quo declaró la cuestión de puro derecho.
Previo a dictar sentencia se corrió vista al fiscal -que entendió que debía hacerse lugar a la demanda y declarar la inconstitucionalidad del artículo 79 inc. c) de la ley 20.628- y la causa quedó en condiciones de ser resuelta.
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La sentencia recurrida El juez a quo dictó sentencia en estas actuaciones e hizo lugar a la acción deducida por la Fecha de firma: 12/04/2023
Firmado por: C.A.V., juez de cámara Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: P.M.L., SECRETARIO DE CAMARA
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parte actora. Aplicó el precedente “G.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en consecuencia declaró “la inaplicabilidad, para el caso concreto, del artículo 79 inciso c) de la Ley 20.628, por vulnerar derechos de raigambre constitucional” y ordenó a la demandada Administración Federal de Ingresos Públicos que arbitre los medios necesarios a fin de comunicar a la Dirección de Retiros y Pensiones del Servicio Penitenciario Federal que deberá abstenerse de efectuar y/o admitir descuentos y/o retenciones por impuesto a las ganancias en el haber previsional de la parte actora, debiendo efectuar el reintegro de las sumas retenidas en tal concepto desde el inicio de las presentes actuaciones, con más los intereses que deberán ser calculados conforme lo dispuesto en el considerando IV.
En torno a los intereses, los fijó a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina de conformidad con el plenario “G., Ricarda c. ENTEL” de esta Cámara Federal. Fijó
las costas en el orden causado y difirió la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes hasta su oportunidad.
Para resolver en ese sentido, consideró que la causa de autos es análoga a aquella que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en Fallos 342:411
G., M.I. c/ AFIP s/ Acción Meramente Declarativa
y también a decisiones posteriores del máximo tribunal.
Con esa base, consideró acreditadas las condiciones de ‘vulnerabilidad’ del actor “por pertenecer al colectivo de jubilados, circunstancia que permite tener por demostrado el carácter alimentario de sus haberes previsionales, los que resultan imprescindibles para su subsistencia y se ven afectados Fecha de firma: 12/04/2023
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por la merma que representa en los mismos el monto del descuento retenido por el impuesto cuestionado. Arribar a una conclusión contraria a la antes expuesta,
vulneraría claramente el principio constitucional de igualdad ante la ley contemplado en el artículo 16 de nuestra Carta Magna”.
En ese sentido, aplicó el precedente observando la situación particular del jubilado accionante en esta causa.
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Los agravios 1. La AFIP interpuso recurso de apelación contra la sentencia.
La recurrente, en síntesis, se agravió por entender que: a) la sanción y reglamentación de la ley 27.617 hace que la cuestión debatida en autos adquiera un nuevo matiz de cara al derecho aplicable y ya no cabe aplicar el precedente “G.”; b) la inaplicabilidad del precedente “G.” debido a que el señor G. no se encuentra en condiciones de vulnerabilidad en los términos de dicha decisión; c) no se acreditó que las retenciones sean confiscatorias; d) la tasa de interés sea la aplicable para la devolución de tributos.
2. Los agravios fueron contestados.
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La intervención del Ministerio Público Fiscal.
1. Este Tribunal dispuso conferirle vista al Señor fiscal general, en atención del planteo de inconstitucionalidad formulado por la parte actora.
2. El representante del Ministerio Público emitió dictamen, en el que coincidió con la decisión del juez de grado que aplicó el precedente “G.” (Fallos 342:411).
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Consideración de los agravios.
1. El fallo “G., M.I.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Fecha de firma: 12/04/2023
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1.1. El cuestionamiento a la constitucionalidad del Impuesto a las Ganancias sobre las jubilaciones fue motivo de tratamiento por nuestro máximo tribunal en el precedente “G.” (Fallos: 342:411), sent. del 26-3-
2019, cuya analogía con el caso en tratamiento, hace aconsejable, entonces, exponer lo que la Corte Suprema resolvió y las razones que expuso para hacerlo.
El voto de la mayoría –el juez R. formuló una disidencia- en lo que aquí interesa expresó:
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Conforme al principio de división de poderes y lo reglado por los arts. 4°, 17 y 75 de la Constitución Nacional, es el Congreso quien tiene la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de valuación de los bienes o cosas sometidos a gravamen,
siempre que -en tal labor- no se infrinjan preceptos constitucionales.
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Sin perjuicio del tratamiento diferenciado que ha realizado el legislador respecto del colectivo de los beneficiarios de prestaciones de la seguridad social, en relación al colectivo de los trabajadores activos, corresponde preguntarse si todos aquellos se encuentran en las mismas circunstancias -como para recibir un tratamiento fiscal igualitario- o si existen condiciones especiales, basadas en un estado de mayor vulnerabilidad (producto de la avanzada edad u otras situaciones particulares como la discapacidad) que permitirían distinguir algunos jubilados, pensionados,
retirados o subsidiados de otros (énfasis añadido).
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El envejecimiento y la discapacidad -los motivos más comunes por las que se accede al status de jubilado- son causas predisponentes o determinantes de vulnerabilidad, circunstancia que normalmente obliga a los concernidos a contar con mayores recursos para no ver comprometida seriamente su existencia y/o calidad de Fecha de firma: 12/04/2023
Firmado por: C.A.V., juez de cámara Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA
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vida y el consecuente ejercicio de sus derechos fundamentales (énfasis añadido).
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La sola capacidad contributiva como parámetro para el establecimiento de tributos a los jubilados,
pensionados, retirados o subsidiados, resulta insuficiente si no se pondera la vulnerabilidad vital del colectivo concernido. La falta de consideración de esta circunstancia como pauta de diferenciación tributaria supone igualar a los vulnerables con quienes no lo son, desconociendo la incidencia económica que la carga fiscal genera en la formulación del presupuesto de gastos que la fragilidad irroga, colocando al colectivo considerado en una situación de notoria e injusta desventaja. En esas condiciones el estándar de revisión judicial, según el cual los términos cuantitativos de la pretensión fiscal solo deben ser invalidados en caso de confiscación, no permite dar una adecuada respuesta a la protección constitucional de contribuyentes como los anteriormente descriptos. Ello no supone desterrar el criterio de la “no confiscatoriedad” del tributo como pauta para evaluar la adecuación cuantitativa de un gravamen a la Constitución Nacional, sino advertir que tal examen de validez, centrado exclusivamente en la capacidad contributiva potencial del contribuyente,
ignora otras variables necesarias, fijadas por el propio texto constitucional, para tutelar a quienes se encuentran en tan excepcional situación (énfasis añadido).
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El análisis integral de la capacidad contributiva implica que la equiparación de un jubilado en condiciones de mayor vulnerabilidad con otro que no se encuentra en esa situación, pasa por alto el hecho evidente de que el mismo ingreso no impactará de igual manera en un caso que en otro, insumiendo más gastos en el primero que en el segundo. Dicho de otro modo: la Fecha de firma: 12/04/2023
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