Fundado pedido de juicio político a Gils Carbó

En 1994, al reformarse la Constitución nacional, se introdujo en el artículo 120 el reconocimiento del Ministerio Público como un órgano independiente con autonomía funcional que tiene como misión "promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad". Lamentablemente, la actual titular de ese organismo, la procuradora general , no bien llegó a ese cargo, pretendió convertir el Ministerio Público en un apéndice del gobierno kirchnerista y se esforzó por proteger a amigos del poder. Como lo ha puesto de manifiesto el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, al formular el pasado viernes ante la Cámara de Diputados un pedido de juicio político contra la doctora Gils Carbó fundado en su mal desempeño, esta funcionaria ha demostrado un absoluto desprecio por la legalidad a la hora de promover la designación de numerosos fiscales, ignorando las normas que regulan el proceso para su nombramiento.

Variadas son las conductas irregulares que denuncia el colegio en su presentación, muchas de las cuales ya han merecido reproches a nivel judicial, mientras que otras se encuentran actualmente bajo la lupa de la Justicia. Así, por ejemplo, se destaca que la procuradora creó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y puso al frente de ella a Carlos Gonella, un abogado de la matrícula de Córdoba que no revestía por entonces el carácter de fiscal designado conforme a los procedimientos legalmente establecidos. Asimismo, se cuestiona el absolutamente discrecional reglamento de concursos para seleccionar fiscales dictado por Gils Carbó, en el cual se suprimió el mecanismo de sorteo para la designación de los jurados de esos concursos, y se estableció en cambio su exclusiva facultad para designarlos, así como para presidir los tribunales de selección o en su defecto designar al funcionario que los habría de presidir. Esta reglamentación fue declarada inconstitucional en mayo pasado en un caso concreto por la Sala II en lo Contencioso Administrativo Federal, lo que motivó la interposición de sendas acciones para que se lo invalidara en general y se suspendieran todos los nombramientos resultantes de la aplicación de ese procedimiento, promovidas por el antes citado colegio y por la asociación Será Justicia.

También se cuestiona en el pedido de juicio político la improcedente práctica de cubrir cargos sensibles con fiscales que concursaron y fueron seleccionados para otras jurisdicciones, como es el caso de...