Funcionarios, blanqueo y demanda de transparencia

El decreto de Mauricio Macri por el cual se permite ingresar en el blanqueo a familiares de vínculo directo con funcionarios representa una lamentable marcha atrás en un proceso de discusión que había sido coronado mediante una ley del Congreso. Y es, además, un retroceso sumamente preocupante en un escenario en el que diariamente nos enteramos de nuevas y graves denuncias de corrupción, cuyos protagonistas han estado o están vinculados con la función pública.

Al momento de debatirse la ley, una de las críticas más furibundas que recibió en el Congreso fue, precisamente, que el proyecto oficial previera la posibilidad del blanqueo a funcionarios y a sus parientes. Además de representantes de la oposición parlamentaria, varios socios de la alianza Cambiemos hicieron oír sus críticas. Entre muchos otros, se encontraban el titular de la UCR, José Corral; el jefe del interbloque oficialista en Diputados, Mario Negri, y la legisladora Elisa Carrió. En opinión de todos ellos, la inclusión de los funcionarios y de sus familiares en la posibilidlad de sinceramiento fiscal era un error que había que subsanar sin mayores demoras.

Ese debate se dio para la misma época en que el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, intentaba esconder bolsos con millones de dólares, revoleándolos al interior de un convento. No hubo mucho margen para que los que dentro del oficialismo como de la oposición defendían el blanqueo para funcionarios no tomaran nota de lo que estaba ocurriendo con López y de los alcances que tendría una ley sobre la cuestión.

Quitar aquella cláusula impulsada por el Gobierno fue, además, una de las llaves que permitió que se sancionara la ley de sinceramiento fiscal. Sin esa concesión del oficialismo la norma no hubiera visto la luz.

Lamentablemente, hace pocos días, un decreto presidencial dispuso que los familiares de los funcionarios pudiesen ingresar en el blanqueo de los bienes que se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha de la asunción de sus parientes en un cargo público.

No era eso lo que decía la ley. Y no corresponde que a una ley se la modifique por decreto. La forma elegida ha sido la incorrecta por donde se la mire. Si Macri no estaba de acuerdo con la sanción del Congreso, tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de veto, total o parcial. Estaba dentro de sus atribuciones. También, pudo haber enviado otro proyecto distinto al Parlamento. Pero ninguna de esas opciones fue...