Frente a Griesa, YPF se desligó de Kicillof y De Vido

Semanas antes de abandonar el poder, el gobierno de Cristina Kirchner y los abogados de YPF, en aquel momento comandados por Rodrigo Cuesta, ex vicepresidente de Asuntos Legales de la compañía, hombre cercano a La Cámpora y ahora fiscal general, eligieron un extraño argumento para responder a una demanda contra la empresa en los tribunales de Nueva York. A través de un documento presentado por el estudio Chadbourne y Parke LLP, plantearon que no se puede juzgar a la empresa por la actuación de los ex ministros Axel Kicillof (Economía) y Julio De Vido (Planificación), que defendieron la estatización de la compañía en el Congreso y estuvieron a cargo de la intervención tras el desplazamiento del management designado por la española Repsol y la familia Eskenazi.

Además, la petrolera sostuvo que el país, y no la propia empresa, es el responsable de los problemas legales derivados de ese proceso, por lo que hacia allí deberían apuntar los cañones legales de los demandantes.

Son algunos de los principales argumentos que llegaron al despacho del juez Thomas Griesa, quien además de la más popular causa de los fondos buitre maneja desde principios de año otro juicio que podría derivar en costos millonarios para el país.

En marzo de este año, Burford Capital Limited, un megaestudio de abogados con activos por más de US$ 500 millones, presentó en la Corte de Distrito Sur de Nueva York una demanda contra la petrolera y el Estado por el supuesto incumplimiento de compromisos asumidos con los tenedores de acciones de YPF. Burford le compró el juicio a la justicia española, que tenía la quiebra de las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que la familia Eskenazi creó en ese país, junto a otra bajo las leyes australianas, para comprar acciones de la petrolera en 2008.

Los demandantes, que aún no le pusieron cifra al reclamo, sostienen que en 1993, en el marco de la privatización de YPF, el gobierno de Carlos Menem ofreció casi la totalidad de la empresa a través de acciones clase D y listó en la Bolsa de Nueva York ADR, el título bajo el cual se negocian los papeles extranjeros en los Estados Unidos. En esa operación, tanto el país como la empresa se comprometieron a que cualquier otra adquisición posterior de una porción de control obligaría a hacer una oferta por el total de las acciones, algo que figura en los documentos que YPF envió a la SEC (el regulador bursátil norteamericano) y en su viejo estatuto.

En el marco de...