Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 12 de Diciembre de 2001, expediente L 75391

PresidenteSalas-Hitters-Pisano-Pettigiani-de Lázzari-San Martín-Laborde-Ghione
Fecha de Resolución12 de Diciembre de 2001
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 12 de diciembre de dos mil uno, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresS.,Hitters,P.,P.,de L.,S.M.,L.,G., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 75.391, “F., J.C. contra Surrey S.A.C.I.F.I.A. Accidente”.

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo nº 2 de L. se declaró competente para intervenir en estas actuaciones promovidas por J.C.F. contra Surrey S.A.C.I.F.I.A. en concepto de indemnización por enfermedad accidente y por los daños y perjuicios sufridos y declaró la inconstitucionalidad de los arts. 6 apartado 2do., 39 y 46 de la ley 24.557; 1 del dec. 334/1996 y 23, 27 parráfos 2do. y 3ro., 28 y 32 del dec. 717/1996.

La parte accionada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, el señor J.d.S. dijo:

  1. El tribunal del trabajo se declaró competente para conocer en estos actuados y se pronunció por la inconstitucionalidad de los arts. 6, 39 y 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo; 1 del dec. 334/1996 y 23, 27, párrafos 2do. y 3ro.; 28 y 32 del dec. 717/1996.

  2. La parte demandada solicita en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se revoque la resolución apelada en cuanto declara la inconstitucionalidad de los preceptos mencionados y denuncia la violación de los arts. 17, 18 y 19 de la C.itución nacional.

  3. El recurso, en mi opinión, no puede prosperar.

    1. El tribunal de grado estableció, con relación a la declaración de inconstitucionalidad del art. 6 de la ley 24.557 que fijar la lista de enfermedades profesionales es típica función legislativa indelegable al Poder Ejecutivo conforme al art. 76 de la C.itución nacional. Consideró también que establecer si una enfermedad debe ser considerada profesional es función jurisdiccional inherente al Poder Ejecutivo.

      Y con relación al art. 46 primer párrafo del cuerpo legalut supramencionado, cabe señalar en apretada síntesis, que el tribunal estableció que dicha norma afecta los principios del juez natural y del acceso a la justicia. Ello con mención de expresa aplicación de preceptos constitucionales que resultarían quebrantados tales como los arts. 31, 75 inc. 12 y 22; Pactos y Tratados internacionales allí incluidos; 76, 99 y 116 de la C.itución nacional.

      El intento recursivo adolece de una notoria insuficiencia.

      No solamente no controvierte adecuadamente los fundamentos del fallo evidenciando un desencuentro con su línea argumental y por ende no logra concretar una réplica adecuada y eficaz, sino que además omite toda mención de las normas constitucionales actuadas por el tribunal de origen que dieron sustento a la decisión, incurriendo así en el incumplimiento de una carga procesal insoslayable (art. 279 del C.P.C.C.; conf. causas L. 53.389, sent. del 20-IX-1994; L. 58.992, sent. del 28-X-1997).

      Y sabido es que las atribuciones de censura de la Suprema Corte, que el recurrente reclama, se circunscriben al contenido del fallo impugnado y al alcance del recurso que contra el mismo se hubiera entablado, el cual debe cumplir requisitos propios que la Corte no puede dejar de lado, pues de lo contrario se infringiría la norma constitucional que lo sustenta (conf. causa L. 68.409, sent. del 3-XI-1999).

    2. Establecido ello me avocaré exclusivamente a la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557. Recientemente tuve oportunidad de expedirme en casos similares, en lo precedentes registrados como L. 75.346, “B.” y “C.” sents. del 6-VI-2001. Se sostuvo allí que esta Corte desde antigua data, en criterio mantenido en sus distintas integraciones (ver L. 26.877, sent. del 11-IX-1979, “Acuerdos y Sentencias”, 1979-III-pag. 155), que el resarcimiento derivado de la aplicación del art. 1109, siguientes y concordantes del Código C.il involucra el quebrantamiento de un deber mucho más amplio, anterior y distinto al nacido de una relación convencional, y que la mera circunstancia de que también haya mediado una relación contractual entre alguna de las partes del juicio, no inhibe a esta conclusión, ya que entre personas convencionalmente relacionadas pueden acontecer sucesos extraños al contrato que, aunque sucedan en ocasión o durante el despliegue de las consecuencias del vínculo quedan marginadas del mismo y de las eventuales vicisitudes de un incumplimiento contractual. Para tener acceso a tal pretensión el damnificado debe necesariamente demostrar la actitud de culpa u omisión culposa del principal o, en su caso, el riesgo o vicio de la cosa propiedad o bajo la guarda de aquél, y la relación de causalidad de tales antecedentes con el daño sufrido, generándose de tal modo responsabilidad de naturaleza extracontractual (conf. causas L. 33.624, sent. del 2-IV-1985; L. 36.257, sent. del 29-III-1988; L. 40.000, sent. del 27-XII-1988; L. 33.292, sent. del 19-VI-1984).

      Esta doctrina no ofreció reparos durante la vigencia de los regímenes especiales sobre accidente de trabajo anteriores a la sanción de la ley 24.557, toda vez que precisamente se contemplaba en los mismos el ejercicio de la opción por parte de los trabajadores para obtener la reparación integral por la acción civil, debiendo en tales casos someterse a los criterios, principios y características del derecho común, con abstracción de los más favorables contenidos en los sistemas especiales que, como contrapartida, preveían una reparación tarifada (conf. causas L.44.506, sent. del 18-IX-1990; L.39.018, sent. del 5-VII-1988).

    3. Lo que cabe analizar ahora es si la disposición contenida en el art. 39 de la ley 24.557 puede, sin incurrir en conculcación de derechos amparados constitucionalmente, impedir a los trabajadores y sus derechohabientes el acceso a la vía civil.

      En mi opinión, la respuesta es negativa desde que efectivamente dispone el precepto citado que “las prestaciones de esta ley eximen a los empleadores de toda responsabilidad civil frente a los trabajadores y sus derechohabientes, con la sola excepción de la derivada del art. 1072 del Código C.il” en cuyo caso también podrán reclamar la reparación de los daños y perjuicios de acuerdo con las normas del Código C.il”.

      Considero en primer lugar que la limitación al acceso a la vía civil tanto para el trabajador como para sus derechohabientes en aquellos casos que no están previstos como excepción, esto es, los supuestos de responsabilidad objetiva y subjetiva no proveniente de dolo, deriva en un distingo inaceptable entre aquéllos y cualquier otro habitante de la Nación respecto de los terceros que lo dañan y perjudican.

      La atribución de responsabilidad civil genérica que puede ser invocada por cualquier persona que sufra un perjuicio patrimonial, no puede ni debe serle negada al trabajador ni a sus derechohabientes, pues ello establece una írrita distinción frente a los iguales en igualdad de circunstancias (art. 16, C.itución nacional), infringiendo además el derecho de propiedad y de libre acceso a la justicia (arts. 17, 18 y 19 de la C.itución nacional y art. 15 de la C.itución provincial), así como los distintos tratados con rango constitucional a partir de su incorporación por parte del inc. 22 del art. 75 de la C.itución nacional.

      La circunstancia de mediar un vínculo contractual entre el responsable y la víctima del daño no constituye un elemento que habilite la consagración de una desigualdad de tal naturaleza y reparación frente a otra víctima o un tercero productor del daño. Máxime porque la diferencia de trato, en tal caso, no debe ser arbitraria y cabe calificar de dicho modo la que sólo reconoce como origen la previsibilidad de los costos del sistema y desatiende los fundamentos de la real y efectiva responsabilidad en la producción y consecuente reparación del daño, con respecto al principio constitucional delalterum non laedere(art. 19, C.itución nacional).

      La garantía de igualdad ante la ley que consagran los arts. 11 de la C.itución provincial y 16 de la Carta Magna nacional, no supone una igualdad aritmética o absoluta, sino la igualdad de tratamiento frente a iguales situaciones o circunstancias. Y una particular distinción respecto de los trabajadores en especial, debiera ser en todo caso, en favor de aquéllos a fin de responder asimismo a la garantía de carácter protectorio que tiene el derecho del trabajo sobre la base de lo dispuesto en el art. 14 bis de la C.itución nacional. En modo alguno, entonces, puede aceptarse en nuestro régimen constitucional y legal -como se cristaliza en la norma en análisis-, que se disminuyan en su perjuicio sus derechos con relación a los que gozan en igualdad de condiciones el resto de los habitantes del país (conf. causas I. 1541, 29-XII-1998; I. 1517, 27-VI-1995; I. 1248, 15-V-1990).

      La igualdad exige el mismo tratamiento a quienes se encuentran en idénticas circunstancias, de manera que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se les concede a otros en igualdad de condiciones.

      La señalada discriminación en que incurre el art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo en desmedro de los derechos del trabajador respecto de los demás habitantes del país, se consuma incluso respecto a los empleadores no asegurados que sólo responderán ante el dependiente dañado por eventuales incumplimientos en materia de seguridad e higiene y aún cuando deriven de culpa o negligencia, por las prestaciones contenidas en la ley (art. 28 ap. 1, ley 24.557). Todo lo expuesto desvirtúa las alegaciones en orden a la justificación de tal distinción, con sustento en la eventual garantización de las prestaciones contenidas en la ley, así...

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