Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 18 de Septiembre de 2023, expediente CNT 053021/2022/CA001
| Fecha de Resolución | 18 de Septiembre de 2023 |
| Emisor | Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V |
Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL
TRABAJO SALA V
Expte. Nº CNT 53021/2022/CA1
Expediente Nº CNT 53021/2022/CA1
SENTENCIA INTERLOCUTORIA 53012
AUTOS: “FERNANDEZ, M.V. c/ PROVINCIA A.R.T. S.A. s/ Accidente Ley Especial” (JUZGADO N° 2).
Buenos Aires, a los 15 del mes de septiembre de 2023.
El doctor GABRIEL de V. dijo:
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Contra la sentencia interlocutoria dictada el día 07/08/2023 que desestimó la excepción de cosa juzgada administrativa al declarar la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 27.348 y del art. 16 de la Res. SRT 298/17 y consideró habilitada la instancia judicial para la tramitación del proceso de conocimiento pleno, se agravia la parte demandada a tenor del memorial glosado en formato digital que acompaña 10/08/2023.
En este sentido, cuestiona el decisorio de grado por cuanto en origen si bien se verificó la existencia del trámite iniciado ante la comisión médica nro. 10 de Capital Federal, se habilitó la instancia omitiendo que la parte interesada no cuestionó
en tiempo y forma el dictamen emitido con fecha 12/12/2022. Que existe cosa juzgada administrativa que operó en la presente por lo que debe revocarse lo actuado en la anterior instancia.
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Primeramente, si bien la resolución que desestima la excepción de incompetencia no se encuentra comprendida entre las excepciones previstas en el art.
110 L.O. la esencia del planteo articulado que se vincula con la traba de litis aconseja el tratamiento del recurso en esta etapa del proceso, habida cuenta del dispendio jurisdiccional que provocaría una resolución de alzada contraria al criterio sostenido en origen y que se dictara con posterioridad a la sentencia definitiva de primera instancia.
Sin embargo, debe considerarse que frente a las constancias incorporadas a la causa, que fueran analizadas en la instancia de grado, la parte actora inició el trámite administrativo y luego de la resolución particular emitida por la CMJ, en legal tiempo presentó su expresión de agravios ante esta jurisdicción cuestionando las actuaciones administrativas con fecha 19/12/2022.
De todas formas, considero que en base a la protección sistémica de la reparación de los daños sufridos, de invocarse secuelas de un accidente de trabajo, éstas deben ser ponderadas y las actuaciones administrativas no pueden finiquitar el derecho que asiste al trabajador no sólo en los plazos previstos por el art. 44 LRT sino por las disposiciones del art. 22 LRT: “Hasta la declaración del carácter definitivo de la incapacidad y a solicitud del obligado al pago de las prestaciones o del damnificado,
Fecha de firma: 18/09/2023
Firmado por: G.D.V., JUEZ DE CAMARA 1
Firmado por: B.E.F., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: J.C., SECRETARIA DE CAMARA
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las comisiones médicas efectuaran nuevos exámenes para revisar el carácter y grado de incapacidad anteriormente reconocidos”, norma vigente que no fue modificada por la ley complementaria 27.348. En esto coincido con lo explicado en la anterior instancia.
Esto demuestra acabadamente que el reclamante inició el trámite administrativo previo, luego del cual se promovió la presente acción. En tales términos,
a la luz de la documentación que obra en autos, debe habilitarse la instancia judicial a fin de no conculcar los derechos constitucionales que asisten al justiciable.
La norma del art. 2 de la ley 27.348 en momento alguno implica que exclusivamente el trabajador deba interponer recurso de revisión ante la Comisión Médica Central, porque dicho criterio contraría la literalidad de la norma.
De hecho, incluso, éste es el lineamiento que sigue el art. 18 de la res.
298/17 SRT cuando reglamenta la forma en que debe articularse el “Trámite del recurso de apelación ante la justicia ordinaria del fuero laboral” 1, más allá de las diversas objeciones constitucionales que merece la delegación indebida a la SRT, a la que me referiré en los párrafos siguientes.
La cosa juzgada administrativa a la que alude la demandada, sólo implica una limitación, para que la propia administración, revoque, modifique o sustituya el USO OFICIAL
acto, y, no impide que el acto sea impugnado y/o eventualmente anulado en sede judicial (cfr. A.G., “Tratado de Derecho Administrativo, Tº III, El acto administrativo, Bs. As. 2004, Edición de Fundación de Derecho Administrativo”).
Sostener lo contrario, entra en contradicción con el principio de irrenunciabilidad que rige la materia (cfr. art. 12 LCT, art. 12 CCyCN y art. 11 LRT),
normas de orden público indisponible para las partes o para el juzgador, por cuanto justamente lo que se encuentra en discusión es la existencia o no de un grado incapacitante que puede afectar al reclamante y que, de otra forma, sería de imposible reparación ulterior.
Por lo demás, el carácter homologatorio asignado por el legislador a las resoluciones administrativas de índole médica emitidas por las comisiones médicas -
más allá del asesoramiento de un abogado que pueda acompañar al trabajador- siempre pueden y deben ser revisadas en instancia judicial, máxime luego de lo expuesto por nuestro Alto Tribunal en la causa “Pogonza” -considerando 10°- a la que también me referiré más adelante.
1
Cuando el recurso interpuesto por el trabajador sea ante la justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda al domicilio de la comisión médica que intervino, el Servicio de Homologación en el plazo de DIEZ (10) días de recibidas las contestaciones de las expresiones de agravios o vencido el plazo para la contestación, elevará las actuaciones al juzgado competente. El recurso interpuesto por el trabajador, atraerá al que eventualmente interponga la A.R.T ante la Comisión Médica Central y la sentencia que se dicte en instancia laboral resultará vinculante para todas las partes".
Fecha de firma: 18/09/2023
Firmado por: GABRIEL DE VEDIA, JUEZ DE CAMARA 2
Firmado por: B.E.F., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: J.C., SECRETARIA DE CAMARA
37369968#383994464#20230915125301992
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A mayor abundamiento, y sólo para enumerar un sinfín de argumentos que contradicen el criterio adoptado por el apelante, cabe recordar las circunstancias apuntadas por el Alto Tribunal en el caso “Llosco” por el cual se restó toda eficacia en términos de “cosa juzgada administrativa” a los dictámenes de las comisiones médicas,
por cuanto el sometimiento al sistema de la ley de riesgos del trabajo no implicaba la abdicación a formular un reclamo posterior con fundamento en las normas de derecho común, de aplicación analógica al presente, o incluso lo dictaminado por la CSJN en el caso “Shell-Mex Argentina Ltda. c. Poder Ejecutivo de Mendoza” donde se expresó que la fijación de un plazo para deducir demanda, establecido por normas locales, es inválido si ello resulta incompatible con principios o garantías de la Constitución Nacional o con disposiciones de aquella legislación que es constitucionalmente privativa de la Nación… imponer para promoverla un plazo inferior al de la pertinente prescripción del Código Civil importa invadir con el régimen legislativo local una materia exclusiva de la legislación nacional (CSJN Fallos 200; 244). En dicho pronunciamiento, además, se hace referencia a otro fallo caratulado “R.G. c.
Provincia de Entre Ríos
(CSJN Fallos 193:231) en el cual se resolvió en idéntico sentido.
En este contexto, no es menos destacar que la norma del art. 2 de la ley USO OFICIAL
27.348 no dispone plazos perentorios para la interposición de recursos, ya que al ser una ley complementaria de la ley 24.557 ha de remitirse a los previstos en la ley de fondo,
es decir a los indicados por el art. 44 LRT.
Tampoco puede pretenderse que la SRT suplante o modifique esta normativa a través de las limitadas funciones delegadas por el art. 3 de la ley 27.348.
Primero por cuanto dicha delegación resulta ampliamente cuestionable e improcedente en términos constitucionales si se trata de modificar el esquema normativo, y segundo porque el “dictado de normas de procedimiento que regulen la actuación ante las comisiones médicas jurisdiccionales y la comisión médica central” -como especifica la norma en cuestión- claramente no incluye la incorporación de plazos procesales que difieran del régimen común a la especie.
En tal sentido, las...
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