Otro femicidio reavivó el debate por las restricciones

Otro femicidio. Otra muerte anunciada de una mujer que pudo haber sido evitada por el Estado. Un debate que se reaviva. Una joven de 28 años fue asesinada en Pilar, de al menos tres puñaladas, y por el homicidio la Justicia ordenó la captura de su ex pareja, que por una denuncia de diciembre pasado tenía una orden de expulsión del hogar y una restricción perimetral que de nada sirvió.

El femicidio de Débora Díaz, el octavo en 15 días, puso en debate la utilidad y la eficacia de las restricciones de acercamiento para prevenir femicidios y ataques contra mujeres. No hay un programa o protocolo que controle que las medidas ordenadas por vía judicial se cumplan. Hoy, casi nada impide al denunciado acercarse y atacar a sus víctimas.

"El hecho de que se ordene una medida restrictiva no garantiza que el victimario no se acerque. Son medidas de coerción que el denunciante puede violar", explicó a LA NACION el fiscal porteño Aldo de la Fuente, de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y la Prostitución Infantil.

Sostuvo que a las medidas de restricción se les puede sumar la entrega de un botón antipánico, como sucede en algunos casos. "Pero después depende de que la policía, ante la señal de alarma, llegue rápido."

Para Mariela Labozzetta, que está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, "el sistema de Justicia debe garantizar que no haya impunidad. Si bien no siempre se puede neutralizar el riesgo, se debe trabajar para lograrlo. Actuar sobre el riesgo es acompañar a la víctima y una de las formas son las medidas restrictivas".

Para el abogado penalista Gabriel Iezzi, "las restricciones perimetrales sin control tecnológico de nada sirven. El sistema penal y civil de medidas restrictivas es ilusorio, depende de la buena voluntad del denunciado, porque no hay control del Estado".

Iezzi puso como ejemplo positivo lo que se hace en Uruguay, donde para los casos graves de violencia de género, el acusado con una orden de restricción lleva una pulsera o tobillera electrónica que cuando viola el perímetro donde tiene prohibido estar activa una señal de alarma.

"Si no se toma otra medida, las órdenes de restricción son una utopía, porque su cumplimiento sólo depende del victimario", agregó Iezzi.

Crimen anticipado

En este contexto, la de Débora Díaz fue una muerte anunciada. No sólo porque el acusado tenía una...