Faltó sensibilidad política para anticipar el conflicto

De poco vale ya la opinión de los expertos o la investigación técnica sobre el proyecto de acuerdo entre el Estado y la familia Macri por la deuda del que arrastran desde 2001. Ese acuerdo se convirtió en un problema político espoleado por el duro dictamen de la fiscal general Gabriela Boquin. La oposición, sea kirchnerista o massista, espolea un escándalo sobre un eventual conflicto de intereses, que existe, en la realidad de los hechos, por la condición de empresario del Presidente. Vale la pena, por lo tanto, resaltar los trazos fundamentales del conflicto. Son éstos:

1) La reestatización del Correo sucedió en el año 2003, poco después de que los Kirchner accedieron al poder. El Correo significó para la familia Macri un negocio ruinoso con pérdidas de muchos millones de dólares. En junio del año pasado, el Estado y 600 acreedores más (el jefe del Estado era ya ) llegaron a un acuerdo con el Grupo Macri por el cual se le cobraban a éste la deuda original, unos 300 millones de pesos, e intereses que significarían al final unos 600 millones. El plazo de pago estipulado era de 15 años, con una tasa de interés del 7 por ciento. La empresa creada por la familia Macri para administrar el Correo se encontraba en concurso de acreedores desde 2001. El pago de la deuda estaba suspendido y, por lo general, estos casos se arreglan con un acuerdo entre acreedores y deudores. El proyecto de acuerdo, que debe ser homologado por la Justicia, no previó el compromiso de de retirar los juicios que él interpuso en su momento contra el Estado. Acaba de ingresar uno nuevo por el que el patriarca de los Macri reclama la devolución de la planta de Monte Grande, una de las más grandes del Correo, y el alquiler correspondiente a los años en que viene siendo usada por el Estado.

2) Durante doce años de gobierno, el kirchnerismo no hizo nada para cobrar esa deuda del Grupo Macri. La explicación del ex ministro Julio De Vido es, por lo menos, cínica. Dijo que no habían aceptado propuestas de la familia Macri similares a la objetada ahora por la fiscal. No aceptaron y se cruzaron de brazos. Cualquier acreedor tiene otros recursos para insistir en el cobro de una deuda. Podría haber pedido, por ejemplo, la quiebra de la empresa. Funcionarios del ex gobierno (Cristina Kirchner, entre ellos) aceptan como buenos los cálculos que indexan la deuda con índices inflacionarios que nunca reconocieron cuando estaban en el poder.

3) El dictamen de la fiscal se convirtió también...