Facturas falsas: más evidencias de protección a Báez

Durante años, sabuesos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) habían alertado sobre la multimillonaria operatoria de facturas falsas que se montó en Bahía Blanca y terminó en la contabilidad de Austral Construcciones.

Pero aquellas alertas, que podían exponer el presunto delito precedente para las maniobras de lavado de dinero de Lázaro Báez que investiga la justicia federal, nunca llegaron a ver la luz. Fueron relativizadas o adulteradas en las áreas centrales de la AFIP en Bahía Blanca e incluso en Buenos Aires, según surge de aquellos informes, a los que ahora accedió LA NACION.

La operatoria abarcó cientos de facturas y cheques. El primer relevamiento, que sólo incluyó la mitad de los cheques, arroja cifras que superan los $ 77 millones.

Pero se estima que el circuito completo podría superar los $ 100 millones. Y una firma descuella en los cheques que salieron de Austral Construcciones: la de Martín Báez.

Para el juez federal Sebastián Casanello, quien investiga esas presuntas maniobras de lavado de Lázaro y Martín Báez, y el contador Daniel Pérez Gadín, entre otros, los indicios que llegan de Bahía Blanca pueden resultar decisivos para probar el llamado "delito precedente". Es decir, cuál fue el origen del dinero negro que luego se buscó blanquear a través de la financiera SGI, La Rosadita.

Para eso, Casanello logró recuperar el informe que los sabuesos de la AFIP emitieron en Bahía Blanca antes de que se disolviera la Regional, se redireccionaran y archivaran las pesquisas, lo que le permitió a Báez salir mejor parado de aquella ciudad. Pero no sólo eso: el juez accedió además a la labor de los técnicos de ARBA, que también hurgaban en esas maniobras tributarias.

De esos informes surge que los sabuesos de la AFIP y de ARBA habían concentrado sus pesquisas en un grupo de sociedades que montó la familia Ficcadenti de Bahía Blanca. En particular, dos de sus firmas, Grupo Penta y Calvento.

Esas sociedades se sumaron a otras que quedaron bajo sospecha, también bahienses, como Constructora Patagónica Argentina, de la familia Ferreyra, que intermedió entre Penta y Austral Construcciones, tal como reveló LA NACION en octubre de 2014 tras una investigación de diez meses y que provocó la reacción del entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

Apenas un día después de aquella publicación, Echegaray convocó a una conferencia de prensa en la que, con el entonces director de la...