'Que tengamos que estudiar, bárbaro, pero que no nos saquen las cooperativas'

Diluvia en La Matanza y todo entra en un paréntesis. Las veredas se vacían, las persianas de los comercios caen y hasta los perros buscan refugio. Pero en este edificio de tres pisos de la localidad de Rafael Castillo el movimiento no se detiene.

De una habitación en la que trabajan unas quince personas salen panes y pizzas recién horneados. En otra se fabrican sillas, mesas y juguetes de madera. Y, así, en cada cuarto: ropa para niños, mochilas y carteras, adornos, chulengos y parrillas de hierro. El que no está trabajando está escurriendo el agua que ya inunda la planta baja y la huerta en el fondo. Todo, por $4750 por mes.

En esta colmena de cemento conviven más de 300 personas agrupadas en una decena de cooperativas del Plan Argentina Trabaja (PAT). Todas, de la organización Barrios de Pie. La mayoría, preocupadas por el nuevo giro anunciado por el Gobierno: que ahora su única obligación para cobrar el beneficio de $4750 sea terminar la secundaria o asistir a cursos de oficios y ya no seguir trabajando en esta suerte de pyme que instalaron en cada cuarto.

No es paradójico. "Que tengamos que estudiar y capacitarnos está bárbaro. Pero que no nos saquen las cooperativas con las que trabajamos, comemos, nos vestimos y pagamos las cuentas", advierte Luisa López, una de las cooperativistas, como para atajar a los desprevenidos. La respuesta se repetirá en todos los pisos.

Sucede que los panes, las mochilas, las sillas y la ropa que salen de cada habitación regeneran el sistema: van a comedores del barrio, alimentan y visten a los hijos de los cooperativistas, se intercambian en clubes de trueque y, con suerte, se venden en ferias para ganar unos pesos más o para comprar materiales y volver a empezar.

Y es que el anuncio de la reconversión del PAT en el programa Hacemos Futuro llegó con un condimento que sonó a ultimátum para los movimientos sociales: que el Gobierno dejará de enviar los fondos para materiales e insumos que gira anualmente a cada cooperativa. El Ministerio de Desarrollo Social intentó corregir luego ese anuncio, pero el temor quedó instalado.

Esos fondos adicionales tienen múltiples destinos. Para las cooperativas que efectivamente trabajan, se convierten en harina, cemento, telas o, también, máquinas de coser, soldadoras o bloqueras. Para las que no trabajan, en un sobresueldo para punteros y funcionarios. No debería ser difícil distinguir a unas de otras: el Ministerio de Trabajo tiene inspectores que visitan regularmente...