Los estatales desafían al Gobierno por la revisión de las designaciones

En su afán por barrer los cargos políticos y a los "ñoquis", Mauricio Macri ordenó ayer por decreto revisar las designaciones de empleados públicos y los procesos concursales durante los dos últimos años. El Presidente les dio "un plazo no mayor de seis meses" a sus ministros, secretarios, autoridades superiores de organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado de la administración pública nacional para revisar miles de contrataciones. En la primera tanda se fiscalizarán, caso por caso, unos 24.000 empleados.

La medida del Gobierno, oficializada ayer en el Boletín Oficial, aunque anunciada la semana pasada por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, empujó a ATE, uno de los dos gremios estatales, a activar ayer su primer paro nacional contra la gestión macrista. No fue una huelga masiva y que haya paralizado a la administración pública en todo el país, pero sí tuvo su impacto en el Gobierno, donde presumen que este tipo de protestas podrían continuar durante el proceso de fiscalización.

La cúpula de ATE teme que en la revisión de los contratos el Gobierno adopte criterios discriminatorios o que sea una "caza de fantasmas" de militantes kirchneristas o de otros partidos que no comulguen con el oficialismo. Así lo plantearon ayer diferentes oradores durante una movilización ante las narices del Ministerio de Trabajo, el epicentro de lo que fue una jornada con reclamos en 850 municipios de los 2220 que hay en todo el país.

"Nos preocupa la estabilidad laboral y recuperar el poder adquisitivo del salario después de la devaluación. Queremos la reapertura de las paritarias y un bono de 5000 pesos", dijo a LA NACION Hugo Godoy, líder nacional de ATE.

La protesta tuvo sus puntos calientes. En Santa Cruz, la seccional de ATE denunció 600 despidos en el Ministerio de Desarrollo Social y la conflictividad del caso escaló tanto que la gobernadora Alicia Kirchner reconoció la crisis y prevé un ajuste del presupuesto y de la planta estatal.

También acusaron despidos en San Luis, en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, mientras que en Córdoba el reclamo se magnificó para rechazar la medida del gobernador Juan Schiaretti de reducir los haberes jubilatorios.

El malestar se extendió, además, entre los municipios bonaerenses, agrupados en la Federación de Sindicatos Municipales, que pulsean con los intendentes para poner...