Escuchas: un mundo subterráneo a disposición del mejor postor

"Como todo, es un tema de precio", responde el experto. Y ese precio "se pone por la cara" del candidato, acota un segundo especialista. Una tarifa que será para atacar a otros -y escuchar o leer sus comunicaciones- o para que sus charlas permanezcan privadas.

Bienvenido, pues, al mundo de las escuchas telefónicas.

La premisa es sencilla: hay escuchas legales e ilegales. Las primeras las pide un fiscal o una parte en un expediente judicial -una persona, por ejemplo, que sufre amenazas-, pero siempre debe ordenarlas un juez, que decide qué números serán interceptados y por cuánto tiempo. En cuanto a las otras, las hay hechas por agentes de (ex SIDE) con filones propios de negocios, por agencias privadas de seguridad y por hackers especializados.

En la Argentina formal, sin embargo, . Así lo impone la ley de inteligencia de 2001, que veda esa competencia a la Policía Federal, la Gendarmería, el Ejército, o cualquier otra fuerza de seguridad o armada. Ésa, claro está, es la teoría.

Lilita Carrió, Roberto Lavagna, el senador radical Gerardo Morales, el primer jefe de Gabinete de los Kirchner, Alberto Fernández, al igual que el jefe del bloque de senadores nacionales del oficialismo, Miguel Pichetto, y la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, son sólo algunos de los que han denunciado que "alguien" los escuchaba de manera ilegal.

En el caso de Carrió, pateó el tablero durante la Alianza; Lavagna y Fernández, contra el gobierno del que fueron ministro de Economía y jefe de Gabinete; Pichetto contra sus rivales en Río Negro, y con Servini hasta encontraron un micrófono en su despacho de Tribunales.

En ocasiones, las sospechas apuntan a la Casa Rosada, ya sea por medio de la ex SIDE, que durante años lideró Antonio "Jaime" Stiuso, o, ahora, del jefe del Ejército, César Milani. En otras, hacia funcionarios de otras jurisdicciones, a tal punto que Mauricio Macri pasó a la historia como el primer jefe de gobierno porteño procesado por escuchas ilegales. Pero hay mucho más por conocer sobre lo que el ex diputado nacional Miguel Bonasso define como "cripto-Estado", es decir, "fuera del escrutinio de la sociedad civil, en la intimidad pecaminosa".

"Carpetazos"

El canciller Héctor Timerman puede acreditarlo. Las líneas asignadas a él y a su número dos dentro del Palacio San Martín acumulaban "anomalías" y estaban redireccionadas, según alertó la Dirección de Seguridad del Ministerio en el expediente secreto EXPE-MRE:003829172011, que reveló LA NACION. Y todo eso, mientras que Timerman negociaba con Irán el acuerdo por el que luego el fiscal Alberto Nisman lo denunció por presunto encubrimiento, junto con la presidenta Cristina Kirchner.

El objetivo último de las escuchas, sean legales o no, es obtener información a la que de otro modo no se podría acceder. Si las autoriza...