Escándalo judicial: acusan a la 'banda del fiscal' de regentear el narcotráfico

"La corrupción no es solo el dinero público que desaparece en bolsillos privados. El dinero es importante, pero no es lo más importante. La corrupción va mucho más allá, se extiende y se ramifica. La corrupción consiste en su sentido amplio en echar a perder, depravar o pudrir". La definición le pertenece al fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez en la descripción inicial que hizo en un dictamen de 245 páginas en el que analizó la estructura de una asociación ilícita dedicada al robo de cargamentos de cocaína y a las extorsiones a presuntos narcotraficantes o familiares de los sospechosos. Y no se trata de una asociación ilícita más. Según el expediente judicial, la supuesta empresa criminal está integrada por funcionarios judiciales, policías bonaerenses y abogados que defienden a vendedores de drogas.El presunto jefe de la organización criminal, según la imputación que hizo Domínguez, es el fiscal Claudio Scapolan, que hasta la semana pasada estaba al frente del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, aunque la acusación en su contra tiene relación con su trabajo al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción de Investigaciones Complejas de ese departamento judicial.Dos de los secretarios de Scapolan, Gustavo Sanvitale y Maximiliano Jarisch, están detenidos desde la semana pasada por orden de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.La magistrada hizo lugar al pedido del fiscal Domínguez y el viernes de la semana pasada encomendó a detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) 35 allanamientos. Uno de los fue en oficinas del edificio de los Tribunales de San Isidro, en Ituzaingó 340, y otro, en la Delegación San Isidro de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de la policía bonaerense, ubicada en la avenida Del Libertador 14243 de Martínez. En esa dependencia policial se encontraron dos kilos de marihuana que estaban ocultos en la terraza."Puede que a los imputados no los uniera el afecto, pero sí un interés común", afirmó el representante del Ministerio Público y explicó que los funcionarios judiciales y policías bonaerenses investigados hacían procedimientos que, "revestidos de legalidad, buscaban el beneficio personal de los integrantes de la organización". En su dictamen, Domínguez hizo referencia a la "gravedad institucional" del caso.Según de desprende del expediente judicial, la supuesta asociación ilícita operó, al menos, entre 2012...