Escándalo en Córdoba. La tragedia de Traslasierra destapó el caos con que se gestionan los autos 'judicializados'

Autos decomisados. Las fuerzas de seguridad cuentan con 276 vehículos que se agolpan en playones judiciales

CÓRDOBA. El choque por el que está imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas el legislador oficialista de Córdoba Oscar González, y en el que murió una mujer y hay dos adolescentes graves , destapó una serie de irregularidades en el manejo de los autos judicializados. El expresidente provisional de la Unicameral manejaba una BMW X1 negra "melliza". Los expertos consultados por LA NACION aseguran que ese vehículo "nunca debería haber pisado el pavimento" y admiten que son muchas las unidades en todo el país que circulan en esas condiciones.

El auto que manejaba González -quien estará de licencia seis meses como legislador, mientras el abogado de las víctimas pidió que la Justicia le dicte prisión preventiva- era uno de los que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba entrega a diferentes organismos. Este jueves, González se presentó en los tribunales de Villa Cura Brochero para la indagatoria ; en la puerta del edificio hubo una vigilia de vecinos pidiendo "justicia" .

González, según dijo su abogado defensor, negó los hechos y se abstuvo de declarar. "Va a declarar cuando lo creamos conveniente", afirmó el letrado.

El dominio original de la BMW X1 es de la esposa de Gabriel Kohan , un ciudadano bonaerense, quien se la compró. Después se la entregó al exarquero Gastón Sessa como para de pago de una operación inmobiliaria; el exfutbolista se la devolvió porque recibía multas desde Córdoba por infracciones que él no había cometido. Kohan se enteró de lo que pasaba cuando lo contactaron, ya que en la transferencia de la BMW X1 negra se supo que la tarjeta estaba a nombre de la esposa de Kohan. Tanto la patente como ese documento eran "clonados" .

El choque fue el sábado por la tarde en las Altas Cumbres.

La camioneta negra era de un hombre de Quilmes, al que se la habían robado . La Justicia cordobesa la retuvo en Traslasierra a fines de 2018 en el marco de otra causa y, después quedó " en depósito judicial ". En agosto de 2019 el TSJ la entregó a la Unicameral.

Un año después, el juez de Control de Villa Dolores declaró la incompetencia de la Justicia provincial para investigar la adulteración de los documentos. En marzo de este año, la causa se giró a la Cámara Federal, que la derivó al Tribunal Federal N°2, donde no hubo nuevas medidas al respecto.

Desde el TSJ explicaron que cuando la causa "se pone bajo...