El Episcopado rechazó los casos que salpican a la Iglesia

El Episcopado rechazó todo acto de "corrupción público o privado, pero de manera particular los que involucren a miembros de la Iglesia", en medio del escándalo que rodeó la detención del ex funcionario kirchnerista José López, que fue sorprendido in fraganti hace casi tres semanas, cuando arrojaba bolsos con US$ 9 millones en el monasterio Nuestra Señora de Fátima, de General Rodríguez.

La Iglesia pidió, además, que "el Poder Judicial se mantenga independiente de las presiones de cualquier poder y se sujete sólo al imperio de la verdad y la justicia".

El escándalo de José López preocupa a la conducción de la Iglesia, especialmente a partir de que salieran a la luz los vínculos que mantenía el fallecido arzobispo Rubén Héctor Di Monte -creador del monasterio en 1994- con el poder kirchnerista.

La declaración fue difundida por la comisión ejecutiva del organismo, que preside el arzobispo José María Arancedo, y contrasta con las primeras expresiones que intentaron despegar a la Iglesia del escándalo. Integran esa comisión, además, el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli (vicepresidente primero); el arzobispo de Salta, Mario Cargnello, y el obispo de Chascomús, Carlos Malfa.

Los obispos advierten que "en el último tiempo se han conocido hechos que vinculan a personas de la Iglesia en la Argentina con posibles casos de corrupción".

"Los seguidores de Jesucristo debemos ser honestos y respetuosos de las leyes y como todo ciudadano debemos colaborar con la Justicia en su tarea de esclarecer la verdad de los hechos y someternos a sus dictámenes", declararon.

Además de recordar el reciente documento sobre el Bicentenario, en el que señalaban que la corrupción era uno de los "males principales" de este tiempo en la Argentina, los obispos citan al papa Francisco y sostienen que la corrupción es "una llaga putrefacta de la sociedad y un grave pecado".

Según pudo saber la nacion, los obispos decidieron pronunciarse después de que el escándalo López creciera y se conociera que el entonces obispo Di Monte ofició de intermediario del gobierno de Néstor Kirchner para interesarse por la herencia de Juan Domingo Perón, estimada en 100 millones de dólares. "Pero nos preocupa también cualquier otra denuncia que implique sospecha de corrupción, sobre todo de la Iglesia en la Argentina", reveló una fuente episcopal.

Frente a estos hechos, los obispos se comprometen en el comunicado a colaborar con...