Ensuciar a otros para garantizarse impunidad

Nuestra historia política reciente está llena de episodios con ribetes mafiosos, en los que se usan ciertos recursos de los que dispone el poder político para extorsionar, presionar o simplemente ensuciar la imagen del adversario. Allá por 2005, pocos días antes de una elección legislativa, al recordado dirigente radical y exjefe de gobierno porteño Enrique Olivera se le adjudicaron millonarias cuentas bancarias en el exterior no declaradas; más tarde se supo que esas cuentas no existían y que todo había sido una mera operación política. En 2009, el dirigente Francisco de Narváez, por entonces candidato a diputado enfrentado con el kirchnerismo, también se vio envuelto en una campaña sucia que lo asociaba con el tráfico de efedrina.El 25 de febrero pasado la expresidenta Cristina Kirchner, con profundo fastidio, concurrió al juzgado de Claudio Bonadio a prestar una nueva declaración indagatoria por su responsabilidad en siete hechos de corrupción investigados en la causa de los cuadernos de las coimas.Una vez más, en lugar de contestar las preguntas, la exmandataria se limitó a presentar un escrito, en el cual hablaba con sorna de la "escandalosa" y "bochornosa" causa "de las fotocopias". Allí describía su particular visión sobre un proceso en el cual, merced a los aportes de un significativo número de confesiones y arrepentimientos, se ha reunido sólida evidencia sobre los delitos cometidos. Su argumento central era que la prueba había sido tomada con métodos extorsivos, no obstante que en septiembre del año pasado los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun rechazaron un pedido de nulidad planteado por Oscar Parrilli en el cual sostenía que los testigos arrepentidos eran forzados a declarar.La expresidenta ensaya una estrategia para vincular su situación con la denuncia presentada por Pedro Etchebest ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, integrante de Justicia Legítima y cercano a La Cámpora, por una extorsión que dijo haber sufrido de Marcelo D'Alessio, en la que también involucró al fiscal Carlos Stornelli y a Bonadio.El juez ordenó el procesamiento de D'Alessio ese mismo 25 de febrero, al entender acertadamente que habría formado una asociación ilícita para llevar adelante operaciones ilegales de inteligencia a los fines de coaccionar, intimidar y extorsionar a personas para obtener réditos económicos. No mencionó a Bonadio, pero con respecto a Stornelli dio intervención al procurador general Eduardo Casal.Dos días...