El Estado enfrenta juicios por un total de US$ 37.000 millones

Es, quizás, el capítulo más silencioso de la herencia recibida y una amenaza millonaria contra las cuentas públicas que acapara toda la atención del Gobierno. El Estado enfrenta 2.240.000 juicios en tribunales federales en instancias internacionales, que suman una contingencia potencial superior a los US$ 37.000 millones, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales.

El número es gigantesco incluso para el presupuesto nacional: representa un 61% más que el déficit fiscal estimado para este año, un rojo por el cual Mauricio Macri movilizó a todos los ministerios para reducir gastos. Y es casi cuatro veces más que los US$ 9300 millones que la Argentina pagó a los fondos buitre.

Los procesos en contra del Estado incluyen desde causas previsionales y amparos por las tarifas hasta demandas millonarias en el Ciadi, el organismo del Banco Mundial encargado de resolver disputas entre países y empresas.

El daño para el país se denomina "contingente", debido a que es imposible anticipar el resultado de un litigio. Se trata, sí, de estimaciones que manejan en la Casa Rosada y en la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías.

Una parte de las demandas deriva de prácticas cuestionables del propio Estado. Entre ellas, el pago de recomposiciones salariales a las fuerzas de seguridad de manera no remunerativa, que no se contabilizan para la jubilación. Este es un riesgo latente de multiplicación de demandas.

En el lenguaje de los abogados, el hecho de que sea un daño contingente hace referencia a una previsión sin cifras del todo definidas. De todas maneras se trata de un pronóstico hecho por expertos de la manera más exacta posible, que ya fue presentado al Presidente.

La acumulación de demandas contra el Estado es en parte producto del accionar público a lo largo de décadas y de desprolijidades heredadas que permitieron que los expedientes se prolonguen sin orden lógico. Para ponerle un freno a esa rueda, la Procuración del Tesoro nacional dispuso este año realizar un relevamiento de expedientes, porque estaban desactualizados los sistemas donde los distintos servicios jurídicos ministeriales los asientan.

Después de varios meses de trabajo llegó a un diagnóstico de situación que considera realista. A partir de allí comenzó a depurar causas y a elaborar medidas correctivas. Fue una carrera contra el tiempo: mientras se sumaban unas 4000 nuevas demandas contra el Estado, la Procuración limpiaba a razón de 13.000 casos cada 30 días.

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